UGT y CCOO piden que se incluya a la construcción en las medidas del Decreto del Estado de Alarma
FRECOM lamenta que no se haya adoptado ninguna batería de medidas para apoyar a las empresas que han cesado su actividad por el Covid-19
Un trabajador del sector de la construcción en una obra / Foto: Getty Images
Murcia
CC. OO. de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT vinculan la continuidad de la actividad en todas las obras de infraestructuras críticas y de mantenimiento de instalaciones a que sean esenciales para la población o de primera necesidad (sanidad, energía, agua, gas, transporte, etc..) para evitar la propagación del COVID-19 entre los trabajadores y trabajadoras del sector. La situación de excepcionalidad generada por la expansión del COVID-19 obliga a todos el sector de la construcción a extremar las medidas establecidas en los protocolos sanitarios para garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que intervienen en las obras y que pueden verse afectados por la continuación de la actividad.
Por ello, ambas federaciones sindicales reclaman además garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas, así como la determinación por parte de la Inspección de Trabajo de su idoneidad para seguir con la actividad.
Tanto UGT FIA como CC. OO. de Construcción y Servicios exigen la incorporación de las actividades de empresas constructoras, subcontratas, distribuidoras y empresas de materiales de construcción al Anexo del Real Decreto del Estado de Alarma en todo aquello que no se refiera a infraestructuras críticas o al mantenimiento de instalaciones esenciales o de primera necesidad, procediendo por tanto a la paralización de su actividad por causa de fuerza mayor.
FRECOM
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (FRECOM) ha criticado que "se está demonizando al sector, como ya sucediera en la crisis de 2008, al no adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los empresarios", según informaron fuentes de este organismo en un comunicado.
En concreto, lamenta que no se ha garantizado la seguridad jurídica "dada la diversa casuística existente que no ha sido contemplada y que se repite diariamente, unido al deber de continuar la actividad como consecuencia de la decisión del Gobierno de la Nación de no declarar el cese de la actividad, apoyada por la Abogacía del Estado".
Así aparece reflejado en el sexto informe del Comité de Seguimiento de los efectos del COVID-19 en el sector de la Construcción después de observar la evolución de la actividad del sector en los últimos tres días.
FRECOM lamenta que la adopción de medidas de contingencia para solucionar estos efectos negativos "debe ser inmediata", sobre todo "cuando hemos conocido la respuesta de la Abogacía del Estado a la consulta sobre la paralización de la actividad de la construcción, que determina que la construcción debe continuar, pues se ha considerado una actividad de bajo riesgo de contagio, además de afirmar que la finalidad de la declaración del estado de alarma no es la paralización total de la economía".
Aunque en el informe se exponen, en el último apartado, las medidas económicas y laborales que se consideran imperativas, este comité quiere denunciar que "se están paralizando obras por orden de los coordinadores de seguridad y salud y las direcciones facultativas". El comité de seguimiento, en este sentido, denuncia que dichos técnicos "no tienen la competencia para ordenar dicha paralización por causas del COVID-19".
"No hay un plan de medidas económicas que apoyen las dificultades que afrontan los empresarios de la construcción, al continuar el desarrollo de la actividad en circunstancias anormales, consecuencia del estado de alarma", añade la Federación.
Asimismo, añade que "tampoco hay un plan de medidas de apoyo para los empresarios que han visto paralizada su actividad por las administraciones públicas (nacionales, autonómicas o locales), que permita el mantenimiento de la empresa y la posterior reanudación de actividad y mucho menos el mantenimiento del empleo porque no pueden acogerse al ERTE por causa de fuerza mayor".
El comité también quiere informar de que las encuestas realizadas muestran que los empresarios del sector culpabilizan a la administración nacional, regional y local de los efectos negativos que se están produciendo, ya que consideran que ha existido y existe una falta de previsión.
Dicho esto, también informa de la cara amable de esta crisis que afecta al sector, como las numerosas empresas se han dirigido a FRECOM para realizar acciones solidarias y financiar diverso material, como mascarillas y otros equipos de protección, tanto para nuestros empleados como para los profesionales sanitarios.
Por último, desde FRECOM animan a todos los empresarios a seguir cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria y a continuar desarrollando la actividad mientras que puedan cumplir con estas medidas.
INCIDENCIAS OBSERVADAS
Las empresas de construcción manifiestan un "cierto pesimismo" ante la situación, ya que bastantes tienen ya toda su actividad parada, bien por la administración, bien por instrucciones de los coordinadores de seguridad y la dirección facultativa. Se une a estas paralizaciones, "la poca actividad por los efectos de la lluvia del 24 de marzo que ha azotado nuevamente a la zona de la costa".
La falta de pago de las certificaciones se está convirtiendo en un problema estructural, según FRECOM, "porque afecta a todas las administraciones que, con la suspensión de los plazos aprobada por el Real Decreto Ley 8/2020, están reteniendo el pago de las certificaciones, lo que está ocasionando problemas de liquidez importantes a las empresas".
La falta de material preventivo ha dado lugar, a 11 días del inicio del Estado de Alarma, a un "mayor número de paralización de obras diarias por la imposibilidad de garantizar la salud de los trabajadores".
FRECOM subraya que algunas obras se están paralizando por los coordinadores de seguridad por falta de medidas de protección e interpretación unilateral de las normas, asumiendo la responsabilidad por dicha paralización, aunque no tienen competencia para ello.
"Hay casos aislados de absentismo laboral por miedo del trabajador al contagio, sin que se haya detectado ningún caso de contagio en la empresa", según la Federación, que añade que esta causa de absentismo "no es causa de fuerza mayor para tramitar un ERTE de esas características".
Tras 11 días desde la declaración del estado de alarma, destaca que aún no se ha detectado ningún contagio, entre los trabajadores de las empresas encuestadas. No obstante, subraya que existen empresarios que no saben qué hacer con obras privadas sin empezar y están indecisos entre iniciar la obra o no empezarla, previendo un posible cese más adelante.
Los costes de transporte y medidas de seguridad, añade, "se han incrementado", mientras que el ritmo de trabajo "se ha reducido por imposibilidad de concentrar a todos los trabajadores" y los plazos de ejecución "no se van a poder cumplir y además el miedo al contagio entre los trabajadores genera inseguridad".
FRECOM considera necesario afirmar, contundentemente, que las medidas que se han adoptado por el Gobierno nacional "no son efectivas o no son de aplicación a las empresas del sector de la construcción".
Entre otras cosas, la Federación considera necesario "suspender las obras en ejecución, sin penalizaciones, cuando las empresas no puedan cumplir con las medidas requeridas de salud y seguridad para los trabajadores" y si no puede desarrollar la actividad, debido a la falta de suministro.
Unido al punto anterior, pide considerar fuerza mayor estas suspensiones o paralizaciones para que se pueda plantear el ERTE previsto en el artículo 22 del RD Ley 8/2020 ya que la escasez de estas medidas de seguridad son circunstancias ajenas al círculo de la empresa, ya que "es la única manera de garantizar la permanencia de la empresa y del empleo".
Asimismo, pide proveer a las empresas de las medidas de seguridad y test rápidos de coronavirus que se obligan a adoptar como consecuencia de la pandemia, dado que el Estado no quiere paralizar la actividad y dichas medidas de seguridad son consecuencia de una situación de emergencia sanitaria y no de los riesgos inherentes a la construcción.
