El Parlamento andaluz convalidará hoy la norma de más peso del Gobierno pese a estar en servicios mínimos

Sevilla

El decreto-ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, la norma de más peso político aprobada por el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, será hoy convalidado en un escenario inédito y polémico: en un salón de plenos semivacío, ocupado sólo por los miembros de la Diputación Permanente, y dentro de un Parlamento que está en servicios mínimos y mañana echará el cierre por la crisis sanitaria del coronavirus. La trascendencia de este decreto y las dudas sobre la legalidad de los acuerdos adoptados por la Diputación Permanente, órgano de guardia durante la suspensión de la actividad ordinaria, han provocado que los diputados que la conforman deban salir de su confinamiento para participar presencialmente de esta reunión. El PSOE anunciará durante su intervención un recurso ante el Tribunal Constitucional "por la inseguridad jurídica" que va a provocar, según fuentes socialistas consultadas por la SER.

La aprobación de este decreto, que modifica y simplifica 21 leyes y 6 decretos, estaba prevista inicialmente para la pasada semana, pero fue pospuesta porque los partidos que sustentan al gobierno (PP y Ciudadanos) consideraron que la prioridad era atender la crisis sanitaria. Esta semana sí han votado por su inclusión en orden del día de la Diputación Permanente de hoy, junto a otros dos decretos con medidas para hacer frente a la crisis del Covid-19 y tres comparecencias de consejeros. La oposición (PSOE y Adelante Andalucía) han pedido al gobierno que se aplace su aprobación y se tramite como proyecto de ley dado además que las previsiones de esta norma serán trastocadas por el nuevo escenario económico tras la crisis. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, asegura que es justo al contrario: que tras combatir a la pandemia, "necesitaremos instrumentos de flexibilidad para atraer inversiones", ha dicho en una entrevista este miércoles en la Cadena SER Andalucía.

 No sólo es el fondo, también son las formas de este decreto lo que ha generado polémica. Avalados con informes de juristas, PSOE y Adelante Andalucía han expresado sus dudas sobre la posible nulidad de las normas que apruebe la Diputación Permanente. La presidenta de la cámara, Marta Bosquet, asegura que sí tiene "plena validez". No obstante, el PSOE planea anunciar durante el debate de esta mañana un recurso ante el Tribunal Constitucional por "la inseguridad jurídica" que provocará la aprobación de una norma de esta calado en estas circunstancias.

El objetivo del decreto es, según la Junta, acabar con la "maraña" de "trabas burocráticas" en la administración para hacerlas más eficientes a empresas, autónomos y emprendedores. Empresarios y autónomos lo apoyan; sindicatos y ecologistas lo rechazan. 

Tras su aprobación hoy en un debate que se presume largo y polémico, el Parlamento andaluz quedará cerrado y solo tendrá los "servicios indispensables, los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia", según la presidenta.