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Sociedad
Estado de alarma

Aumentan a casi 187.000, los trabajadores afectados por un ERTE en Euskadi

El Círculo de Empresarios Vascos no ve necesario ya mantener estado de alarma

Esta asociación empresarial reconoce en un comunicado que "el estado de alarma ha sido necesario y eficaz para contener la pandemia, evitar el colapso sanitario y concienciar a los ciudadanos sobre la gravedad del virus y la necesidad de adoptar medidas para prevenir los contagios". / Marta Pérez (EFE)

Esta asociación empresarial reconoce en un comunicado que "el estado de alarma ha sido necesario y eficaz para contener la pandemia, evitar el colapso sanitario y concienciar a los ciudadanos sobre la gravedad del virus y la necesidad de adoptar medidas para prevenir los contagios".

Bilbao

El número de trabajadores afectados en Euskadi por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo -ERTE- se ha elevado este lunes a 186.955, lo que supone 1.828 más en relación al último dato facilitado el pasado jueves por la consejería de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

Según los datos difundidos hoy, el número de ERTE presentados ante el Ejecutivo autónomo son 26.523, un total de 147 expedientes más que el recuento anterior.

Por territorios, en Bizkaia se han presentado 13.456 expedientes, que han afectado a 88.659 trabajadores; en Gipuzkoa han sido 9.230 los ERTE presentados para 60.273 empleados; y en Álava se han registrado 3.837 expedientes, que han afectado a 38.023 personas

El Círculo de Empresarios Vascos considera que el estado de alarma ya no es imprescindible 

Esta asociación estima que "existen instrumentos que posibilitan y hacen compatible una mejor bilateralidad y una mayor cogobernanza entre Gobierno y comunidades autónomas, para la gestión sanitaria de la pandemia".

Esta asociación empresarial reconoce en un comunicado que "el estado de alarma ha sido necesario y eficaz para contener la pandemia, evitar el colapso sanitario y concienciar a los ciudadanos sobre la gravedad del virus y la necesidad de adoptar medidas para prevenir los contagios".

Pero cree que "una vez logrados los anteriores objetivos, parece compatible un nuevo instrumento legal y una gobernanza estatal referida a los criterios generales o a los indicadores epidemiológicos y de movilidad, con un poder de decisión autonómico y municipal, más próximo y cercano a los ciudadanos y a las particularidades de cada territorio, que fije y decida sobre las pautas de la desescalada, recuperando lo más rápido posible y desde un ejercicio compartido de responsabilidad pública y privada la salud, la economía y las libertades".

"La leal colaboración y las decisiones compartidas del gobierno, las comunidades autónomas y las fuerzas políticas, junto con la actitud responsable de la ciudadanía, constituyen a buen seguro la mejor garantía para hacer frente en esta nueva fase a la pandemia y a sus consecuencias económicas", afirma por último

 

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