El BORM publica el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19

Murcia

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado hoy el Decreto Ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la Covid-19 en el área de Medio Ambiente, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado jueves, y cuya aplicación entrará en vigor a partir de mañana.

De esta forma, desde mañana domingo, 10 de mayo, los ayuntamientos pasarán a tener la condición de órgano ambiental, para que sean estos los que realicen la evaluación ambiental de los planes urbanísticos de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización. "Con esta medida ponemos en valor la autonomía y las competencias municipales, y se agilizan los procesos, puesto que se simplifican los procedimientos y se mantiene la tutela autonómica solo en aquellos planes que la requieren por su normativa sectorial", explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

Con esta modificación se da coherencia a la tramitación sectorial de planes y programas, dejando la función de órgano ambiental al órgano municipal cuando es este el que aprueba definitivamente, como es el caso de planes parciales y planes especiales. Por su parte, el órgano autonómico ejercerá la potestad de órgano ambiental cuando este intervenga en la aprobación del plan o programa como es el caso de los planes generales y sus modificaciones estructurales.

La Ley 2/2017, de 13 de febrero, obligaba ya a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a ser el órgano ambiental en los procesos de evaluación ambiental estratégica simplificada, de todos los planes parciales y especiales urbanísticos. Al igual que aprueban los instrumentos urbanísticamente ahora lo hacen también ambientalmente.

"En base a la experiencia positiva, ahora lo ampliamos para que todos los ayuntamientos lleven a cabo la evaluación ambiental de los instrumentos urbanísticos de desarrollo, como planes parciales, especiales y proyectos de urbanización", afirmó Luengo, quien añadió que "otras regiones como la Comunidad Valenciana tiene este mismo modelo y es referente por su eficacia, por lo que hemos seguido sus pasos".

Además, y para los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, "la Comunidad ofrece la posibilidad de suscribir convenios entre los municipios y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para que la Dirección General de Medio Ambiente realice la evaluación ambiental cuando estos municipios carezcan de los medios adecuados", señaló el consejero, "que además no supondrá ningún coste para ellos".

Con la entrada en vigor de este Decreto Ley, el procedimiento de evaluación se regula, acotando todos los plazos del proceso, y permitiendo acumular los trámites de aprobación de los planes y de los proyectos paralelamente con el procedimiento de evaluación ambiental.

Por último, en cuanto al proceso de consultas que debe llevar a cabo el ayuntamiento, se acotan los plazos y se establece que las consultas ambientales y la información pública pueden realizarse de forma simultánea a las consultas sectoriales, de forma que no se consulte al mismo órgano en dos ocasiones diferentes en relación con el mismo plan. Además, sigue siendo preceptivo que los consistorios informen a la Dirección General de Medio Ambiente y de Medio Natural.

AYUNTAMIENTOS DEL PSOE CRÍTICOS CON ESTE DECRETO LEY

Recordamos que ayer fueron muchos los ayuntamientos de la Región los que le echaron en cara al presidente regional, Fernando López Miras, la aprobación de este decreto ley porque ellos no han pedido esas competencias. Además, le criticaron porque este decreto ley ha salido adelante sin consultarles a ellos.

Los alcaldes y alcaldesas del PSOE señalan que la decisión de traspasar competencias ambientales en urbanismo es irresponsable y temeraria por parte del Gobierno regional, ya que, hasta ahora, el "doble filtro" garantizaba una mayor transparencia.

Han indicado que la arbitrariedad no puede ser la tónica predominante a partir de ahora en un tema tan importante como es el medio ambiente, ya que esta decisión podría generar desigualdad de criterios entre municipios.

El traspaso de la competencia de la Ley de Protección Ambiental a los consistorios también ha sido duramente cuestionado por alcaldes y alcaldesas del PSOE, ya que delega la regulación, pero la financiación recae en los ayuntamientos, con el sobreesfuerzo que supone en el panorama actual.

Consideran precipitado que las playas abran en mayo, tal y como indicó el consejero de Sanidad, y así lo han manifestado los regidores socialistas de los municipios costeros, afirmando que se debe guardar cautela y garantizar por encima de todo la salud de la ciudadanía.

De la misma forma, la Comunidad Autónoma también transfiere la competencia relativa a las quemas agrícolas, a pesar de ser competencia de la CARM y de que muchos municipios no cuentan con los recursos necesarios para poder abordar este problema.

Finalmente, los dirigentes municipales socialistas han insistido en que el Gobierno regional debe contar con los ayuntamientos antes de la toma de decisiones, no solo para informar a posteriori. "No puede obviar a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, negando la posibilidad de debate y de una puesta en común de las necesidades y situaciones reales de las localidades murcianas".

PODEMOS TAMBIÉN CRITICA LA ACTITUD DE LÓPEZ MIRAS

Esta semana se han conocido los dos primeros Decretos-Ley aprobados por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado que en ellos "no se recoge ninguna medida para reforzar el sistema sanitario, ni tampoco para ayudar a los trabajadores afectados por los ERTE o los autónomos, como si han hecho otras comunidades".

Marín ha señalado que mientras en la Comunidad Valenciana se han puesto en marcha ayudas propias de hasta 600 euros para los trabajadores y trabajadoras, o 1.500 euros para los autónomos, en Asturias cuentan con 400 euros en ayudas para el alquiler de locales de pymes y autónomos, o en Cantabria aprueban cheques de resistencia de 1.200 euros para mantener las pequeñas empresas, en la Región de Murcia "las medidas adoptadas por López Miras hasta el momento anteponen los intereses de la CROEM y los señores del ladrillo al bien común de los murcianos y la recuperación económica".

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha denunciado que las modificaciones de Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada "comparten el mismo espíritu: eludir controles para rescatar la economía del pelotazo".

Según ha explicado Marín, el cambio normativo de la Ley del Suelo "traslada a los Ayuntamientos la última palabra sobre los planes de ordenación del litoral". Además, la modificación conocida ayer de la Ley de Protección Ambiental "también les da la última palabra sobre la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y se elimina la necesidad de una nueva evaluación ambiental para los proyectos de ampliación que no impliquen una superación del 30% de vertidos o el 30% de emisiones a la atmósfera".

El Gobierno Regional volvería, de esta forma "a las mismas recetas que provocaron la burbuja del ladrillo y la crisis de 2008, en la que 39 de los 45 municipios de la Región se vieron envueltos en casos de corrupción", ha añadido.

Para la portavoz de Podemos, estas modificaciones suponen además una "grave irresponsabilidad" y ha cuestionado que se haya tenido en cuenta el efecto que van a tener estos vertidos sobre "un Mar Menor en colapso" o sobre "la calidad del aire ciudades como Murcia o Cartagena".

Marín ha recordado que la capital de la Región ya vivió cinco alertas por contaminación del aire entre noviembre y febrero, y ha asegurado que de seguir en esa línea "el Gobierno Regional condenará a los murcianos y murcianas al uso permanente de mascarillas, ya no solo por los virus, sino por la mala calidad del aire".

Además, desde Podemos señalan que estas medidas "no responden a las necesidades de la Región tras la pandemia", sino que utilizan la crisis sanitaria del coronavirus para "volver a la senda de la Ley de Aceleración Empresarial de 2018, que ya fue tumbada parcialmente en diciembre de 2019 por el Tribunal Constitucional tras el recurso de Podemos".

Por ello, Marín ha anunciado que desde su formación están "estudiando recurrir de nuevo al alto tribunal para que sea éste quien proteja los derechos de los murcianos y murcianas, frente a un Gobierno Regional temerario e irresponsable".

Además, la diputada ha apuntado que estas modificaciones legislativas anunciadas por el gobierno regional "en nada van a ayudar a mantener el empleo" y ha recordado que dos de cada tres puestos de trabajo son generados por pymes, a lo que hay que sumar los 100.000 autónomos con los que cuenta la Región de Murcia". "El gobierno de López Miras los deja en la cuneta, mientras mima a los peces gordos del ladrillo", ha concluido la portavoz.