La Lista, nueva ley del suelo en Andalucía, derogará 25 leyes y normas

Sevilla

El gobierno andaluz ha aprobado este lunes la tramitación urgente del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que fusiona la ley de Ordenación Urbanística (Loua) y la de Ordenación del territorio.

La nueva norma, según explica el ejecutivo, comparte filosofía con el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, y es la de reducir la maraña administrativa y contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo en la comunidad mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares.

En esta línea, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, cree que hay que seguir reduciendo trabas administrativas. Hasta ahora, asegura, el exceso de legislación con un total de 235 normas urbanísticas ha consolidado un "verdadero laberinto" para la planificación urbanística en Andalucía, lo que "ha mermado la capacidad de crecer" de la comunidad autónoma y "ha encorsetado el desarrollo de cualquier proyecto".

La actual Loua, recuerda la titular de Fomento, lleva 18 años en vigor y ha sufrido hasta once modificaciones que "han enmarañado aún más la normativa urbanística". La Lista tiene como cometido flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas "claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual". En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%. Además, se adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal.

La ley incorporará también la perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica a la planificación territorial y urbanística y se añadirán directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje. A su vez, agilizará los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, se reduzca a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales.

También se marca como objetivo un sistema de planeamiento en función del tamaño y dinámica de los pequeños municipios y articular planes urbanísticos menos rígidos, atribuyendo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, y no al instrumento de planeamiento general, la ordenación detallada de cada ámbito.

 Marifrán Carazo ha justificado la tramitación de esta ley por el trámite de urgencia, porque con la pandemia del coronavirus Andalucía "no puede esperar" el plazo mínimo de dos años que duraría la tramitación ordinaria de la Lista que, ha remarcado, "mejorará la calidad de vida de los andaluces e impulsará la reactivación económica" de la comunidad autónoma.