El conflicto de los precios justos en origen para la agricultura que silenció el Covid-19

Murcia

Eran a raíz de las numerosas protestas que proliferaron por las calles de nuemerosas ciudades de nuestro país. Se trataba de un conflicto generalizado en el sector primario: los precios en origen a los agricultores no daban para cubrir los costes de producción, y el sector se plantó.

Tractoradas y manifestaciones, como la del 21 de febrero en Murcia, sacaban a la calle a miles de agricultores, que reivindicaban una Ley de la Cadena Alimentaria que pusiera freno a los abusos de la distribución, además de reivindicar soluciones a otros problemas, como la caída de la renta agraria, la amenaza en la exportación por los aranceles americanos, el Brexit o el veto ruso, el temido recorte de las ayudas comunitarias, la competencia desleal de terceros países o la falta de agua.

Pero llegó el coronavirus, y lo silenció todo. La ley de la cadena alimentaria ha quedado en el aire, y es más, se siguen sufriendo abusos y no precisamente precios justos a los agricultores, que se traducen en que el precio de la cesta de la compra esté por las nubes en productos frescos.

Algo que se debe, en unos casos, a la escasez de productos, por mermas en la producción como consecuencia de inclemencias meteorológicas, o por los abusos de la distribución. La generalidad es que a los productores les siguen pagando por debajo de coste lo que cultivan. Un ejemplo: La cebolla la pagan a 6 céntimos, y el coste es de 19 céntimos. Miguel Padilla, de COAG.

Los desfases más sangrantes están, según el balance de precios de COAG, en la lechuga, el ajo, el calabacín o el melón, con diferencias que superan el 600% entre lo que se paga al agricultor y el precio de venta al público.

A eso se suma que al coste de lo que cuesta producir se le añade ahora un aumento del 25% por las medidas sanitarias a tomar para prevenir el Covid, en el tema del transporte, los Epis, o el manipulado, algo que los agricultores no están repercutiendo en el precio de origen.