El plan pos-COVID-19: subastas de parcelas públicas o sellos para las tiendas seguras
El Gobierno madrileño ha presentado su plan de reactivación con 30 medidas que "entrañará poco gasto público porque sobre todo busca el alivio fiscal de los madrileños"
La Comunidad pretende crear un centro específico de FP a distancia, activará un fondo de becas universitarias para las familias castigadas por la COVID-19, reforzará los juzgados para la resolución de asuntos relacionados con coronavirus, dará avales para las empresas turísticas e incentivos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas
Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de este miércoles (COMUNIDAD DE MADRID)
Madrid
Madrid entra en ya en “la etapa de reconstrucción”, según el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y el ladrillo será una parte central de esa reactivación económica. Es la apuesta del Gobierno madrileño que no solo eliminará las licencias urbanísticas, sino que, además, flexibilizará las condiciones para poder construir en suelo no protegido. La presidenta madrileña ha desvelado su intención de eliminar “trabas” para “cambiar el uso del suelo no protegido” de tal forma que “se pueda convertir en uso comercial con mayor facilidad”.
El Consejo de Gobierno madrileño también ha acordado este miércoles que se saque a concurso público cerca de un millón de metros cuadrados por un valor de mercado de 256 millones de euros. Se trata de 193 parcelas para uso industrial, oficinas y usos comerciales y hoteleros y para vivienda tanto libre como protegida, ubicadas en 20 municipios de la región, que están listas para edificar.
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Ese anuncio forma parta del Plan para la Reactivación tras la crisis del COVID‐19, que contempla un total de 30 medidas para “activar la económica y el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y reforzar la prestación de los servicios públicos de la región afectados por la crisis sanitaria”, según el Ejecutivo madrileño.
La COVID-19 ha provocado la pérdida de 138.500 empleos en la región. La Comunidad de Madrid quiere revertir esa tendencia, para ello han anunciado la inversión de 32 millones de euros para favorecer la contratación indefinida. Otra iniciativas son la inversión de 3 millones de euros para fomentar la compra de vehículos cero emisiones, patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas, “para adaptarse a los cambios en los hábitos en la movilidad” y la creación de bono créditos ambientales para el uso de los servicios de car y moto sharing.
Un sello "Libre de COVID"
La Comunidad de Madrid también quiere etiquetar a todos aquellos establecimientos que “cumplan con estándares de calidad y seguridad superiores a la norma y con los requisitos establecidos, señalando aquellos espacios Libre de COVID”, a todos ellos les reconocerán con un sello. El Ejecutivo madrileño también contempla la activación de la Tarjeta Sanitaria Virtual, potenciar de las visitas domiciliarias y avanzar en su intención de eliminar el requisito de nacionalidad para que los sanitarios extracomunitarios puedan acceder al Servicio Madrileño de Salud.
En Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la inversión de 20 millones de euros para las ONG que atienden a los colectivos más vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad. En ámbito educativo, el Gobierno regional no se plantea rebajar las tasas universitarias, tal y como propuso el Ministerio de Educación, pero sí han decidido crear las ‘Becas Seguimos’ para universitarios dotada con 9 millones de euros por parte de la Comunidad y 3 millones de las universidades, “para que los más afectados por la crisis generada por el coronavirus puedan continuar sus estudios en la universidad pública”.
Además, se va a fomentar con 8 millones de euros la investigación de proyectos orientados al tratamiento y diagnóstico del COVID-19. En el ámbito judicial, se refuerzan las salas de vistas y el personal tanto del Tribunal Superior de Justicia como de la Fiscalía de Madrid, para apoyarles ante el aumento de litigios, en especial la derivada de los ERTEs y despidos causados por la crisis sanitaria. También se modificará la ley de Hacienda para dotar al Gobierno de nuevos mecanismos presupuestarios que aporten flexibilidad de actuación ante situaciones de emergencia; y se facilitará a los ciudadanos su relación con la Administración, reduciendo el número de desplazamientos para trámites con una atención y un servicio más integrales, a través del proyecto Oficina 360º.
