Jueves, 09 de Julio de 2020

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La Abogacía del Estado acusa a la jueza del caso 8-M de abrir una causa general contra Moncloa

El letrado de la Administración se dirige en recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que existe indefensión

Banderas a media asta en la comandancia  de la Guardia Civil en el primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus.

Banderas a media asta en la comandancia de la Guardia Civil en el primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus. / Eduardo Briones (Europa Press)

Se aceleran los movimientos procesales en este asunto ante el grave cariz que está tomando la situación. La Abogacía del Estado que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido acudir directamente a la Audiencia Provincial a través del recurso de apelación porque señala que la jueza instructora no va a cambiar su estrategia.

El letrado de la Administración se salta el recurso de reforma ante el propio juzgado de instrucción número 51 de Madrid y sitúa ya su escrito ante el órgano jurisdiccional superior que además es un órgano colegiado.

En su informe, el abogado del Estado señala que la jueza Carmen Rodríguez Medel está realizando una investigación que es claramente prospectiva en la que los plazos de recurso se ven afectados por la declaración del estado de alarma, pero no así las decisiones que está adoptando la magistrada.

Esto está provocando una clara indefensión para el delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, investigado por un delito de prevaricación administrativa, delito que en caso de condena nunca lleva aparejado penas de privación de libertad sino inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

En su escrito de apelación, el abogado del Estado rubrica que el procedimiento ha adoptado una "celeridad inusitada, en modo alguna justificada por motivos jurídicos o procesales".

Por eso, este letrado sostiene que se están tomando desde el principio decisiones que no son urgentes ni prioritarias para la investigación junto a que la indefinición del tipo de delito deja al investigado en una clara indefensión.

El fin último de estas diligencias previas, dice el letrado, es abrir una causa general contra el ejecutivo central, contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Las causas generales son algo completamente prohibido en cualquier Estado de Derecho como es el Reino de España porque una investigación criminal solo puede ir dirigida hacia comportamientos individuales.

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