El PIB caerá este año el 8,7 % en Euskadi, que perderá 68.000 empleos
El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha comparecido este martes para dar a conocer los datos de la revisión de las previsiones macroeconómicas para este año una vez que se conoce la duración definitiva del estado de alarma decretado por la pandemia de la COVID-19.
La actividad de la industria vasca se desplomó un 39 % en abril / Archivo
Bilbao
El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi caerá este año el 8,7 %, un ejercicio en el que el Gobierno Vasco estima que se perderán unos 68.000 puestos de trabajo, lo que supone un descenso del empleo del 7 %.
El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha comparecido este martes para dar a conocer los datos de la revisión de las previsiones macroeconómicas para este año una vez que se conoce la duración definitiva del estado de alarma decretado por la pandemia de la COVID-19.
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Azpiazu ha reconocido que el parón de la actividad por el coronavirus ha generado una situación económica "muy complicada" en 2020, que se verá en parte compensada con un crecimiento del 6,7 % del PIB y del 5,4 % del empleo en 2021.
El consejero, que ha dicho que esta era una de sus comparecencias más difíciles de la legislatura, hizo a principios de abril una primera estimación de caída del 3,6 % de la economía en Euskadi como consecuencia de la pandemia, pero pocos días después ya advirtió de que esos cálculos se iban a ver ampliamente superados de forma negativa.
Hace casi un mes, el Centro de Predicción Económica (Ceprede) ya estimó en un 7,2 % la previsible contracción de la economía vasca este ejercicio, un porcentaje que se ha visto superado por el facilitado por el Gobierno Vasco.
Estos malos augurios económicos van a tener una gran incidencia en el empleo, con la pérdida de unos 68.000 puestos de trabajo a tiempo completo, de los que se recuperarán unos 48.000 en 2021.
Esta evolución hará que se cierre este año con una tasa de paro del 13,7 %, -ahora está por debajo del 10 % que era el objetivo del Ejecutivo autonómico al acabar la legislatura-, y que en 2021 se sitúe en el 12,2 %.
Este año el principal motor económico de los últimos años, la demanda interna, será la que sufra el mayor impacto del coronavirus, por la paralización de las actividades no esenciales y las limitaciones al movimiento, ya que se estima que caiga un 7,8 % en el conjunto del año.
Tanto el consumo como la inversión sufrirán descensos muy significativos este año, del 7,3 % y del 9,6 %, respectivamente.
Dentro del consumo final, la necesidad de respuesta por parte de las administraciones públicas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia hará que su gasto se incremente un 5,1 %, pero el de los hogares caerá un 10,5 %, por las medidas de confinamiento y el cierre de comercios y establecimientos de hostelería.
Una situación de baja actividad económica como la actual afecta directamente a la evolución de los precios, que tienden a reducirse. Además, el intenso abaratamiento de los precios del petróleo en los mercados internacionales incide en el coste de la energía.
Con esta situación, el deflactor del PIB (índice de precios en función del PIB) será ligeramente negativo este año (-0,4 %) y volverá a situarse en los valores previos a la pandemia en 2021 (1,3 %), con lo que de cumplirse esta previsión se alejaría el riesgo a una deflación.
Desde el punto de vista sectorial, todas las actividades principales registrarán reducciones muy significativas en 2020. Los servicios serán los más perjudicados por la pandemia, con una pérdida del 9 % de su valor añadido este año y una recuperación del 6,9 % el próximo.
Por su parte, la industria reducirá su valor añadido un 7,8 % en 2020, con una recuperación del 6,4 % el próximo; la construcción perderá un 5,4 % de su actividad y recuperará gran parte en el año próximo (4,6 %), y el sector primario bajará un 3,8 % en 2020 y crecerá un 8,4 % en 2021.
Esta evolución de la economía va a tener un impacto en las cuentas públicas porque se prevé que habrá una caída de la recaudación cercana al 18 %, dos puntos menos que lo estimado hace más de un mes.
Azpiazu ha constatado como factor "muy positivo" para afrontar esta situación el margen que brinda el proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en los tres últimos años.
A lo largo del mes de abril el Ejecutivo de Vitoria ha emitido el total de la deuda pública aprobada para todo 2020, casi 900 millones de euros y ha habilitado líneas de crédito adicionales por otros 900 millones. Además, ha empleado más de 300 millones de remanentes, lo que ha permitido afrontar la situación con unos niveles de "liquidez suficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos" previstos.
Existe por otro lado la posibilidad de considerar el gasto sanitario derivado de la pandemia en el marco del Programa Operativo Feder-País Vasco, lo que representa un ingreso efectivo de 90 millones de euros procedentes de los fondos estructurales.
Si bien todo lo anterior tiende a garantizar un equilibrio en las cuentas públicas, el "desplome" de los ingresos deberá ser amortiguado con otras fuentes de ingresos, como la parte del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Estado transferirá a las comunidades autónomas y, fundamentalmente, con un incremento "considerable" de la deuda.
Azpiazu ha recordado que Euskadi es la comunidad autónoma menos endeudada del Estado, con superávit desde 2017, y ha defendido la estrategia que ha mantenido el Gobierno Vasco en este sentido a pesar de que se le ha acusado por parte de algunos de ser "demasiado prudente".
De cara al futuro, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no va a tener "ningún problema" para endeudarse "lo que sea necesario" y poder desarrollar las políticas públicas para una rápida y justa salida a esta situación, aunque no ha podido facilitar más datos al ser esta una cuestión sujeta al acuerdo con el Ministerio de Hacienda
