La jueza del 8-M rechaza archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y mantiene su citación
Fiscalía y Abogacía del Estado habían pedido la nulidad de las actuaciones contra el Delegado del Gobierno en Madrid
La ministra de Igualdad, Irene Montero (centro), en la manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer), en Madrid a 8 de marzo de 2020. (Jesús Hellín - Europa Press)
Madrid
La jueza Carmen Rodríguez Medel rechaza de plano los recursos de reforma interpuestos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado que buscaban el archivo de la investigación.
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Para la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid la declaración del Estado de Alarma no ha dejado en indefensión a José Manuel Franco Pardo porque ese decreto no ha suspendido la jurisdicción de Lo Penal.
La instructora ha dado un paso más en la espiral dialéctica y jurídica que mantienen las tres instituciones: Poder Judicial, Fiscalía y Abogacía del Estado. Hay numerosos ejemplos en este auto dictado esta misma mañana.
Uno de ellos es el debate sobre el recorte de la actividad judicial durante la pandemia. La juez incide en la suspensión de los plazos procesales con la declaración del estado de alarma.
En su resolución indica que la tramitación de este procedimiento penal no tiene por qué quedarse paralizado porque la Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su artículo 184 que "todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial". "Este precepto no ha sido derogado" por la publicación del Real Decreto del estado de alarma.
Y va mas allá al recordar que "es algo notorio" que los juzgados de instrucción, han seguido tramitando causas durante el estado de alarma y, por tanto, se ha continuado practicando diligencias.
Más adelante, Rodríguez Medel desestima la idea de los servicios jurídicos del Estado, respaldados por la Fiscalía, para que los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos.
De hecho, lanza una advertencia: "Somos de la opinión de que aplicar una regla diferente de la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado -el delegado del Gobierno en Madrid-, en relación con las demás partes del procedimiento".
Por último, esta magistrada señala que solicitar informes policiales sobre otras manifestaciones celebradas en fechas distintas a la del 8-M no es querer buscar un delito-la prohibida investigación prospectiva- sino tener mas datos para poder analizar la causa actual.
El informe medico practicado por el forense habla de generalidades,pero no apunta a demasiados datos concretos,necesarios para poder individualizar la conducta delictiva.
Asi las cosas, la próxima parada de este caso tiene lugar mañana a las 15:30 en la sede de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Allí José Manuel Franco Pardo será interrogado.
