La fábrica de escándalos

En Canarias se fabrican productos que son ya parte de nuestras señas de identidad. Se elabora un buen ron y olorosos vinos; singulares chorizos, premiadas chocolatinas y exquisita repostería; mojos y almogrotes o jabones y cremas de aloe vera. Se están haciendo también exitosas series de televisión. Pero los mejores especialistas que tenemos aquí en las Islas son los fabricantes de escándalos. Una industria boyante integrada por un nutrido elenco de artistas de la manipulación, que elaboran a conciencia, con gran dedicación y con una coordinación envidiable escándalos políticos de toda índole. Para ello combinan medias verdades con medias mentiras; magnifican hechos o reparos; y realizan calificaciones jurídicas que los tribunales no secundan en sus autos: “Hay que diferenciar entre las meras irregularidades o ilegalidades administrativas y las conductas delictivas como la prevaricación o la malversación de fondos públicos”, ha precisado el Tribunal Supremo sobre el caso Grúas.

Lo más relevante del auto que cierra el caso es que no sólo exculpa a Fernando Clavijo; también condena el modus-operandi de los denunciantes y del entramado político, judicial y mediático al que pertenecen. Lo más grave del espectáculo al que hemos asistido en torno a este asunto no es que haya agentes del propio sistema judicial que no tengan escrúpulos en saltarse a la torera la presunción de inocencia. Ni políticos que utilicen a los medios para lograr condenas de rivales electorales antes de ser juzgados.

Lo más grave de todo es que esta caza de brujas ocurre en un tiempo en que Canarias debe hacer frente al mayor desafío histórico desde la transición. En que todos los esfuerzos y recursos deberían estar dirigidos a combatir el impacto de una pandemia que, en términos de creación de riqueza y empleo, deja a Canarias a los pies de los caballos.