Miércoles, 02 de Diciembre de 2020

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El Colegio de Abogados y la Fiscalía impulsan la figura de la conformidad para agilizar la Justicia

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, firman el acuerdo

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, firman el acuerdo / Europa Press

El Colegio de Abogados de Murcia (Icamur) y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) impulsarán la figura de las conformidades con la finalidad de agilizar la Justicia y lograr una mayor eficiencia.

Esta figura procesal prevista en la ley, que permite la solución consensuada entre las partes en determinados procesos penales en que los que el acusado reconoce la culpa, pretende evitar la celebración del juicio oral. Pero hasta ahora, su eficiencia era limitada, pues el acuerdo se realizaba normalmente instantes antes de entrar a la audiencia con el juez, cuando existe la posibilidad de celebrarlo mucho antes, según informaron fuentes del Colegio en un comunicado.

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, ha asegurado este jueves tras la firma del convenio que el impulso de esta figura procesal y su pretensión de sacarla del calendario judicial "contribuirá a agilizar y desatascar los juzgados, además de luchar contra la propagación del Covid-19, pues evitará que se realice parte de la tramitación administrativa, como citaciones, así como la comparecencia innecesaria de testigos, peritos".

La conformidad, es un modo ágil, rápido y consensuado de hacer justicia, y conlleva numerosas ventajas para todas las partes. A la persona encausada le evita la pena de banquillo, el riesgo de penas más graves si se celebrara el juicio y, sobre todo, la intervención en la toma de decisiones, pues es una solución acordada.

En el caso de las víctimas supone una reparación más rápida y evitar el proceso doloroso del enfrentamiento judicial. Para la sociedad, los beneficios son numerosos, porque contribuye a reducir el colapso judicial resolviendo procedimientos de forma más ágil. También descarga de trabajo a los Juzgados y sus órganos administrativos.

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