Jueves, 22 de Octubre de 2020

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La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluye que la policía "disparó a matar" al coruñés Diego Bello

La plataforma Xustiza para Diego anuncia nuevas movilizaciones

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Cadena SER / Concentración de Xustiza para Diego

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó que "la policía disparó deliberadamente a matar" al coruñés Diego Bello, de 32 años, que murió a tiros el pasado 7 de enero en la isla de Siargao. La investigación pone en duda el argumento del jefe del operativo que señaló que los disparos fueron en defensa propia porque Diego era un peligroso narcotraficante.

La plataforma #xustizaparadiego anuncia nuevas movilizaciones para y pide al Gobierno de España más implicación en su defensa. El BNG llevará las novedades al pleno municipal y al Congreso para exigir una investigación del gobierno ante lo que considera un asesinato.

El informe pone en duda la validez del argumento de la legítima defensa por el número de disparos efectuados por la Policía y por la trayectoria de las balas, según la plataforma #xustizaparadiego. La comisión entrevistó a los socios, pareja, empleados y vecinos de Diego Bello y todos ellos negaron relación alguna del joven con el tráfico de drogas o la posesión de armas.
Francisco Lafuente, tío de Diego, dice que la familia se siente reconfortada: "Se trata de una actuación extrajudicial por parte de policías filipinos y difamando a Diego diciendo que se dedicaba a las drogas, que llevaba armas... todo un sin sentido, nos alegramos de la comisión independiente lo reconozca y así lo haga constar".

Según la comisión y otras organizaciones de derechos humanos, la policía filipina a menudo falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en lo que se supone es una guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte.

Además de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, están pendientes las de la Oficina Nacional de Investigación, la del Departamento de Justicia y la del Ministerio español de Asuntos de Exteriores.

La plataforma recuerda que son "muchos" los empresarios españoles que tienen negocios en el país asiático, por lo que denuncian que este caso podría generar "inseguridad" y "cierta sensación de inmunidad en las fuerzas del orden filipinas".

La familia presentó recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, que considera que no es de su competencia porque entiende que se trata de un homicidio y, por tanto, no es un caso de Justicia Universal. La familia cree que sí debe incluirse por la propia acusación que hizo la policía filipina de narcotráfico para ejecutar al joven coruñés.

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