Madrid autoriza los toros en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares

A no ser que haya un giro inesperado de los acontecimientos, los toros vuelven a Alcalá de Henares en este 2020. En el informe de evaluación de riesgo analizado por la Comunidad de Madrid se ha dictaminado que la feria taurina cumple con todos los requisitos de seguridad para garantizar la salud de los asistentes.

El pasado 19 de agosto, el Gobierno regional anunciaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que “tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos en los que la previsión máxima de participación de asistentes sea igual o superior a 600 personas”. El aforo del coso complutense es de 8.500 personas, pero en la presentación del evento los promotores anunciaron que solo iban a poner a la venta el 65% del aforo. Es decir, 2.975 entradas, prácticamente cinco veces más que lo que considera la Comunidad de Madrid evento multitudinario.

Hoy, en una entrevista publicada en el medio digital Cultoro, uno de los dos promotores del evento, Manuel Martínez Erice afirmaba lo siguiente: “Concretamente en Madrid no te exigen muchas medidas especiales, pero nosotros hemos mandado toda nuestra documentación de contratos, tasas… y aunque no nos lo pidieron, adjuntamos un protocolo anti COVID”. Es decir, la Comunidad de Madrid no ha exigido a los promotores un plan estratégico de seguridad, sino que han sido ellos los que, por su cuenta, lo han enviado al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Esta semana, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios afirmaba que "un evento de 4.000 personas no se debería celebrar”. La preocupación del consistorio se centra el desplazamiento de centenares de personas de otros municipios e, incluso, de otras comunidades autónomas, ya que la única feria taurina que se va a celebrar este verano es la de Alcalá de Henares.

Con respecto a la petición de IU-Alcalá de Henares de modificar el contrato con la empresa que gestiona la plaza de toros, un contrato que se firmó en 1998 siendo alcalde Bartolomé González y que tiene una duración de 50 años, María Aranguren confirma que esa modificación “supondría unos 3 millones de euros para las arcas municipales”.