Martes, 29 de Septiembre de 2020

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Los familiares recurren la decisión de no estudiar la querella por la gestión de las residencias de Madrid

Un juzgado de Leganés había rechazado la denuncia presentada contra Díaz Ayuso, dos consejeros madrileños y varios directores de residencias

Efectivos de la UME y de la Policía Local de Leganés visitan una residencia de Leganés durante el Estado de Alarma.

Efectivos de la UME y de la Policía Local de Leganés visitan una residencia de Leganés durante el Estado de Alarma. / Ayuntamiento de Leganés

‘Marea de residencias’, que agrupa a familiares de ancianos fallecidos o que enfermaron por coronavirus en centros de Leganés y Alcorcón, ya ha recurrido la decisión del juzgado de Instrucción número 5 de Leganés de no estudiar su querella contra varios responsables de residencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios de sus consejeros.

El auto de inadmisión asegura que los querellantes “extraen conclusiones de meras conjeturas y subjetividades” sobre lo ocurrido en una decena de residencias durante el Estado de Alarma. Además apunta que “debe rechazarse la admisión a trámite de la querella cuando no se ofrezcan elementos que avalen razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos”.

Igualmente la juez señala que “del relato de los hechos… no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad que hayan de dar lugar al inicio de un procedimiento penal” y que “no se desprende indicio de comisión de uno o varios ilícitos” por parte de la Comunidad de Madrid.

En sus valoraciones destaca que el COVID-19 era una “enfermedad nueva y desconocida”, lo cual “no puede obviarse a la hora de analizar la concurrencia del elemento objetivo injusto”.

Sobre la responsabilidad de los directores, les exime de las mismas dado que seguían las indicaciones de la Comunidad de Madrid “autoridad a la que se debían al menos desde el 12 de marzo de 2020, cuando se decretó su medicalización”.

Por otro lado exime igualmente al gobierno regional de la ausencia de EPIs por ser una “carencia a nivel estatal” y recuerda que “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó estas dotaciones”.

Por todo ello la jueza asegura que no se puede “imputar a los tres miembros de las Comunidad de Madrid… un actuar doloso con la intención de causar mal”.

 

RECURSO DE LAS FAMILIAS

Los familiares no comparten la impresión de la juez de que sus acusaciones se basan en “conjeturas” y consideran que hay indicios que motivarían una investigación.

“No se reclama que el juzgado eche la red a ver qué pesca”, matiza Carmen López, portavoz de ‘Marea de Residencias’, que considera que se podrían iniciar diligencias sobre hechos concretos, “como por ejemplo revisar los historiales de las residencias”.

“Lo que es cierto es que no pudimos ver a nuestros familiares, las residencias no informaban del estado de salud y hubo muchos residentes que no fueron trasladados a hospitales o ya era demasiado tarde”, recuerda López, que perdió a su madre por coronavirus, que también pide que se investigue y se acceda al historial para aclarar los protocolos de derivaciones.

Ya han presentado el recurso, 26 páginas, con argumentos en los que han depositado esperanzas para que se revierta esa decisión.

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