Juan Cofiño: "El Principado no tiene nada que ver con las obras de ampliación de El Musel"

Gijón

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ha asegurado este martes que los sucesivos gobiernos autonómicos socialistas "no han tenido nada que ver" con la adjudicación de las obras de ampliación del puerto de El Musel "ni con los vericuetos administrativos por los que ha discurrido".

En estos términos se ha pronunciado en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Vox en la Junta General, cuya diputada Sara Álvarez ha señalado que el "silencio" mantenido por la administración regional en este asunto "les hace más sospechoso si cabe".

Cofiño, que ha pedido a la parlamentaria que respete la separación de poderes, ha reiterado que ésta es una cuestión judicializada. "Esto está en sede judicial y no hay nada más que hablar. No lo va a enjuiciar usted", le ha replicado a la diputada de Vox.

Cofiño ha recordado que las obras dependen de Puertos del Estado, un ente público perteneciente al Gobierno de España, y ha negado que exista una "quiebra patrimonial" para los asturianos. "El Gobierno del Principado no han tenido nada que ver con la licitación y las consecuencias de esta obra", ha recalcado.

La diputada de Vox Sara Álvarez ha criticado la actitud del Gobierno asturiano, que se ha "mostrado invisible" y "pone cara de no haber roto un plato" ante un "cúmulo de irregularidades" cometidas en la ampliación de la terminal gijonesa. "Una descarada conexión socialista entre Madrid y Asturias y Gijón para hacer esa magia, que ya hemos visto muchas veces, en la que desaparecen millones de euros", ha denunciado.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la exigencia de 250 millones de euros de fianza que el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) reclamaba a los 21 acusados en la causa por el sobrecoste de la ampliación del puerto de El Musel como indemnización a la Administración General del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha formulado acusación en la causa y pide para Menéndez Rexach una pena de tres años de prisión y 25 de inhabilitación por un delito de fraude y dos de prevaricación administrativa.

El exdirector, José Luis Díaz Rato, está acusado de un delito de fraude y cooperador necesario en otro de prevaricación y afronta una pena de tres años de prisión, 18 de inhabilitación para empleo público, otros diez para inhabilitación para oficio en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre y tres años de libertad vigilada.

Al exsecretario de Estado de Transportes y al expresidente de Puertos del Estado, Fernando Palao y Mariano Navas, respectivamente, los considera responsables de un delito de fraude y solicita para ambos sendas penas de tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

Los otros 17 acusados son responsables de las empresas que participaron en la UTE Dique de Torres, quienes afrontan penas de dos años de prisión y nueve años de inhabilitación como presuntos cooperadores necesarios de un delito de fraude.