Domingo, 25 de Octubre de 2020

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La justicia y el Rey

La firma de Nicolás García Rivas, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

La ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces que tuvo lugar en Barcelona ha suscitado gran controversia.

Algunos han enfatizado que el Gobierno privó al Monarca de uno de sus actos más relevantes, porque según nuestra Consitución "La Justicia se administra en nombre del Rey". Hubo incluso quien se encargó de lanzar ¡vivas! al Jefe del Estado, en un exceso de dramatismo, porque si bien es cierta esa mención al Rey, no deja de serlo también que previamente nuestra Carta Magna dice que "la Justicia emana del pueblo", como no podía ser de otro modo, ya que en él reside la soberanía nacional y de él emanan todos los poderes del Estado, incluido el judicial.

Así pues, la mención al Rey es puramente retórica, lo mismo que aparece en todas las Constituciones españolas, salvo en la Republicana, lógicamente.

A los redactores de la Constitución vigente no les preocupó en absoluto esa mención al Monarca. Sólo les interesó de verdad que se plasmara con toda claridad la imparcialidad de los jueces y su independencia, tras décadas de intervención política de la dictadura en la judicatura. Y esa imparcialidad está hoy garantizada.

En efecto, el mismo artículo de la Constitución proclama que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso no quiere decir que sean los autómatas a los que se refería Montesquieu cuando definía a los jueces como "la boca muda que pronuncia las palabras de la Ley". No. Los jueces viven en sociedad y tienen ideología. El sistema constitucional de justicia establece controles para asegurar ese sometimiento a la Ley, por medio de recursos y de la intervención de tribunales superiores, incluido el Constitucional y, eventualmente, los Tribunales Europeos.

Pero los ciudadanos debemos tener también garantizada una cierta uniformidad en las Sentencias y que los jueces no hagan de su capa un sayo. No tiene sentido que el mismo hecho sea punible en Santander y no en Albacete o viceversa. El Tribunal Supremo debe asegurar esa uniformidad para que todos los ciudadanos seamos, realmente, iguales ante la ley.

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