Miércoles, 25 de Noviembre de 2020

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CASO ÁRIDOS

El Gobierno dice que la sentencia de restauración de los barrancos se cumplirá

La acusación particular y Ayuntamiento exigen el pago de los 238 millones de euros de indemnización

Las actividades extractivas ilegales provocaron dolinas de más de 60 metros.

Las actividades extractivas ilegales provocaron dolinas de más de 60 metros. / CADENA SER

  Tras más de cinco años desde la sentencia condenatoria dictada en 2016 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra los empresarios areneros, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, la restauración de los barrancos de Güímar no solo parece imposible sino que la decisión judicial puede prescribir sin que haya consecuencias. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha emitido un informe en el que rechaza los proyectos de rehabilitación presentado por los condenados al entender que harían "más mal que bien" a la zona. En declaraciones a la SER, el consejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado que no van a permitir que "la sentencia prescriba" y que están trabajando para que Industria emita los informes preceptivos. Por su parte, tanto la acusación particular en el caso como el consistorio guimarero exigen que la sentencia no prescriba y que de no ser posible la puesta en marcha de los proyectos presentados por los empresarios condenados, se pague los 238 millones de euros establecidos en concepto de indemnización.

 Daño irreparable

 En la sentencia, que prescribe el próximo 28 de enero, se describen cómo las actividades extractivas esquilmaron los barrancos de Güímar afectando a flora y especies protegidas así como aniquilando los niveles freáticos y gran parte del subsuelo. En este punto, se alude a que las actividades se realizaban sin licencia; sin respetar los precintos establecidos y de forma indiscriminada. "Las extracciones habían acabado por afectar las características hidráulicas del barranco y a sus condiciones de contorno llegando a afectar la estabilidad de la infraestructura existentes en las inmediaciones de la cantera, dejándolas colgadas de unas paredes inestables, que producían desmoronamiento de taludes", reza la sentencia. La incesante actividad extractiva provocó agujeros de más de 60 metros de profundidad en algunos puntos causando perjuicios a zonas de pozos y constituyendo un peligro ante posibles avenidas en la zona. Como ejemplo, de la magnitud de los destrozos, la sentencia alude a que las "profundas cicatrices son de tal magnitud que incluso la cartografía correspondiente a la capa de curvas lineal las refleja cual si fueran accidentes naturales".

 

 

 

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