Sobre el aumento a los funcionarios

Tenerife

Antes de que algunos se enfaden por lo que voy a decir, tengo que contar que además de cotizar como autónomo a tiempo completo, soy profesor universitario y por tanto empleado público al 50 por ciento de mi tiempo. La subida del 0,9 por ciento que ayer anunció la ministra Darias me afecta personalmente y es la única subida que mis retribuciones van a experimentar este año. Como autónomo, la pandemia y el confinamiento me supondrán este año una pérdida de ingresos de entre el 60 y el 70 por ciento. No es el mío un caso único: algo parecido a lo que me ocurre a mí, le va a suceder este año a taxistas, profesionales, emprendedores y pequeños empresarios.

Por eso, no debería quejarme de que el Gobierno haya decidido subir mi retribución como funcionario un 0’9, debería estar muy contento por un aumento que me supone un incremento de poder adquisitivo de entre un 2,2 y un 1,4 por ciento, según se calcule sobre el IPC interanual de octubre a septiembre o sobre el de enero a septiembre. Estoy satisfecho de esa pequeña subida, como supongo debían estarlo los diputados del Congreso cuando esperaban aumentar sus salarios en ese mismo porcentaje, o como deben estarlo la mayoría de los 3.250.000 trabajadores de las distintas Administraciones públicas españolas, que le costamos a nuestros conciudadanos 130.000 millones de euros el año pasado.

Es cierto que eso supone inyectar dinero en la economía. Pero se está creando una sociedad de dos velocidades, fraccionada entre empleados públicos –más y un poco mejor pagados que el año anterior- y empleados privados que gastan todos los años 7.000 euros -si, 7.000- de sus salarios reducidos un 30 por ciento para sostener el empleo público. Y esa cantidad no ha dejado de crecer, porque cuando empezó la pandemia, dos de cada diez trabajadores por cuenta ajena eran públicos, pero la relación crecerá probablemente a tres trabajadores de cada diez antes de que la enfermedad se contenga.

Es difícil imaginar cuánto podrá aguantar esto.