Romaní declara por los pagos de Aguas de Cádiz al director de su tesis

Cádiz

El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Cádiz Ignacio Romaní, en el gobierno municipal bajo mandato de Teófila Martínez (hoy director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía), ha declarado este jueves en calidad de investigado dentro de la causa que mantiene abierta el juzgado de instrucción número uno de Cádiz para aclarar el pago de 42.000 euros desde Aguas de Cádiz, cuando era presidida por Romaní, al profesor universitario Carlos Guillén, entonces director de la tesis del dirigente popular.

Romaní y Guillén deberían haber declarado los pasados 18 y 19 de marzo, pero el confinamiento por la pandemia de coronavirus provocó que se retrasara hasta este jueves su declaración.

La investigación judicial, abierta tras una denuncia de la empresa pública Aguas de Cádiz, trata de aclarar qué pasó con 42.000 euros que la compañía pagó al Observatorio de Responsabilidad Social de la Empresa, dirigido por Carlos Guillén. Entonces Guillén dirigía la tesis de Romaní, que versaba, precisamente, sobre ese tema: la responsabilidad social de la empresa.

Cuando se conoció este pago y la denuncia de Aguas de Cádiz, Romaní y Guillén aseguraron en primer lugar que el dinero estaba destinado para realizar una investigación sobre responsabilidad social de la compañía pública, como aparecía en los primeros documentos sobre esos pagos. Pero ese informe nunca se entregó a Aguas de Cádiz, o, al menos, nunca quedó en el registro de la compañía.

Romaní y Guillén, según fuentes del caso presentes en la declaración de este jueves, han argumentado que el dinero no fue, en realidad, para una investigación, sino para la realización de unas jornadas que se hicieron durante cuatro años y que el dinero se entregó como patrocinio. Romaní ha contado, además, que no fue idea suya, sino una propuesta del entonces gerente de la empresa, ya fallecido. Fiscalía y jueza le han preguntado si una negativa suya hubiese evitado ese pago y él ha reconocido que sí.

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Romaní y Guillén han declarado en calidad de investigados, lo que supone que han podido tener asistencia letrada y no tenían la obligación de decir la verdad en su legítima defensa. Solo han contestado a las preguntas de la Fiscalía y la jueza, y no a los interrogantes planteados por el letrado de Aguas de Cádiz.

La titular del juzgado de instrucción número uno puede solicitar ahora más testimonios, archivar la causa, preguntar a la Fiscalía si quiere continuar acusando o plantear, por sí misma, la apertura de juicio oral contra ambos investigados.