Jueves, 21 de Enero de 2021

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En estado crítico por COVID-19 el padre y marido de las asesinas de Isabel Carrasco

El inspector de la Policía Nacional, Pablo Antonio Martínez, estuvo destinado en Gijón hasta su jubilación para alejarse del foco mediático tras el caso de la expresidenta de la Diputación de León

El inspector de Policía, Pablo Antonio Martínez, durante el juicio a su mujer y a su hija por el asesinato de Isabel Carrasco.

El inspector de Policía, Pablo Antonio Martínez, durante el juicio a su mujer y a su hija por el asesinato de Isabel Carrasco. / EFE

El inspector de la Policía Nacional Pablo Martínez, padre de Triana Martínez y marido de Montserrat González, condenadas por el asesinato de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, permanece en el hospital de León en estado crítico a causa del coronavirus. Martínez se jubiló en 2018 cuando estaba destinado en Gijón, ciudad a la que había sido trasladado para alejarle del foco mediático que supuso la implicación de su hija y esposa en el asesinato de la política del PP, crimen cometido en mayo de 2014. Enfermo de coronavirus, lleva varias semanas ingresado en ese centro hospitalario, tres de ellas en la Unidad de Ciudados Intensivos.

Montserrat González y su hija Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato en 2014 de la entonces presidenta de la Diputación de León, cumplen su pena desde hace dos años en el centro penitenciario de Asturias, al que fueron trasladados desde Valladolid. Triana Martínez había solicitado el traslado a la cárcel asturiana apelando a su arraigo familiar al residir en el Principado su padre.

Madre e hija fueron condenadas por la Audiencia Provincial de León en el año 2016 y su pena fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y más tarde por el Tribunal Supremo. La tercera implicada en este crimen, la expolicía local Raquel Gago, que fue condenada por la Audiencia de León a 5 años por encubrir el asesinato vio elevada por el TSJCyL su condena a doce años y posteriormente a catorce por el Tribunal Supremo.

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