El Gobierno asturiano reclamará al Ejecutivo central "nuevas compensaciones" para la gran industria

Asturias

El Principado pedirá al Gobierno más compensaciones para la gran industria al considerar que el estatuto electrointensivo aprobado por el Consejo de Ministros es "insuficiente" para empresas radicadas en la comunidad como la siderúrgica ArcelorMittal o la metalúrgica Asturiana de Zinc.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha advertido que las compensaciones previstas en la nueva norma serán insuficientes para las industrias altamente electrointensivas, que sufren "un lastre de competitividad" por el diferencial de costes energéticos frente a otros países de la Unión Europea como Francia o Alemania.

Fernández ha valorado ha valorado la creación de un marco jurídico estable y predecible que aporte seguridad al sector industrial, pero ha lamentado que el Gobierno central no haya atendido parte de las alegaciones presentadas conjuntamente por Asturias, Galicia y Cantabria.

A juicio del Gobierno del Principado, y a falta de conocer el texto definitivo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el estatuto "no da una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas asturianas con un consumo intensivo de electricidad", pertenecientes a sectores y subsectores económicos "en claro riesgo de fuga de carbono y con desventajas competitivas frente a otros países de la UE".

Además, el Ejecutivo autonómico ha incidido en que las industrias altamente electrointensivas con actividad productiva en Asturias son "las más expuestas a la competitividad internacional" y las que, por pautas y volumen de potencia y energía demandadas, "pueden contribuir con un mayor potencial a la mejora de la gestión técnica y económica del sistema eléctrico".

El Gobierno del Principado defenderá la existencia de partidas presupuestarias "suficientemente dotadas para maximizar las ayudas contempladas en el nuevo marco legal", tanto las previstas para el desarrollo del estatuto como las relativas a las compensaciones de costes indirectos de CO2, que deben "elevarse hasta el tope permitido".

Además, pedirá la implementación, "en el menor tiempo posible", de mecanismos sustitutorios de las subastas de interrumpibilidad como la reserva estratégica de respuesta rápida que contemplen las singularidades de la industria altamente consumidora en energía.