Martes, 27 de Julio de 2021

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El comité de A Coruña pide que se investigue a fondo la venta de Alcoa

El caso ya está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional

Trabajadores de Alcoa San Cibrao celebran la anulación del TSXG del ERE de la empresa

Trabajadores de Alcoa San Cibrao celebran la anulación del TSXG del ERE de la empresa / Carlos Castro (Europa Press)

La Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación penal por la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Los trabajadores ven reivindicadas las denuncias sobre todo el proceso de compraventa. Desde el Comité de Empresa piden investigar a fondo y depurar, si cabe, las responsabilidades políticas. Desde Alu Ibérica analizan la documentación.

El caso ya está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras admitirse a trámite la querella presentada por el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales que denuncia hasta cinco delitos. El presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Corbacho, recuerda que en julio del pasado año a Alcoa se le permitió una venta "blindada" supervisada por las administraciones.

Por su parte, el equipo legal de Alu Ibérica "está analizando la documentación" y por ahora "no puede emitir ningún tipo de valoración", según hemos podido conocer de fuentes de la compañía.

Desde Alú Ibérica, apuntan, no obstante, el "máximo respeto" por los procesos judiciales, además de su voluntad de colaborar con la Justicia "en todo lo que sea necesario".

La denuncia

Según la querella, las plantas, bautizadas como Alu Ibérica, han terminado en manos de una sociedad pantalla sin capacidad para llevar a cabo el plan de negocio, ni el pago de salarios ni las inversiones necesarias para garantizar el futuro de las plantas. Con la maniobra, Alcoa quedaría eximida de la realización de las inversiones a las que se había comprometido y que se aproximan a los 100 millones de dólares.

La denuncia cita estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia y actuaciones contra la seguridad de los trabajadores entre los delitos que se podrían haber cometido en la operación. Llega a la conclusión de que "nunca tuvieron intención de aplicar un Plan Industrial comprometido con los trabajadores, condenando a las empresas a su desaparición". El abogado de la Confederación de Cuadros Proefsionales, Alfonso Freire, pide que se investigue si las tres partes actuaron de forma coordinada y también si ha habido blanqueo de capitales.

Han solicitado de forma cautelar la administración judicial de las plantas mientras no se resuelve la investigación judicial.

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