Un informe advierte sobre la vulneración de derechos humanos en Canarias

Tenerife

El informe "Vulneración de Derechos en la Frontera Sur: Gran Canaria y Melilla" hace saltar las alarmas sobre la situación límite que viven las personas migrantes en Canarias y pide la intervención del Relator Especial de la ONU así como una visita sorpresa del Comité Europeo para la prevención de la tortura. 

El estudio, encabezado por Iridia - Centro de Defensa de Derechos, apunta a dos ámbitos de conflicto: las detenciones y el bloqueo de movilidad agudizados por la pandemia y amparados en las excepciones jurídicas. Patricia Fernández, coordinadora de Barrios, asegura que se están superando las 72 horas de detención de migrantes que establece la ley en espacios que son "una extensión de los calabozos" como el CATE de Barranco Seco. Antes en el muelle de la vergüenza de Arguineguín. 

"Hemos visto a personas que, recién bajadas de la patera, con el salitre e incluso habiéndose orinado encima, han pasado más de cuatro o cinco días en esos espacios de detención". La fórmula, asevera Fernández, es simple: una vez transcurridos los tres días formales de custodia policial, los migrantes se ven obligados a permanecer en los macrocentros bajo el argumento de unos recursos de acogida saturados. 

"Lo que comienza como una vulneración de derechos acaba como un ataque a la dignidad (...) Se quiebran todas las cautelas que tenemos dadas como Estado de Derecho para proteger a las personas que están bajo custodia policial y, además, coloca en una situación especialmente comprometida a los agentes de la Policía Nacional que ejercen la custodia de unas personas que no están detenidas", explica refiriéndose a una "violación flagrante de la libertad ambulatoria". 

Las ONG también critican los controles que se realizan en puertos y aeropuertos que impiden a los migrantes desplazarse a otros territorios y que la Delegación del Gobierno atribuye a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. "Es una excusa", aseveran Andrés García Barries, portavoz de Iridia: "El Gobierno español ha cruzado líneas rojas absolutamente intolerables", puntualiza. 

La ruta atlántica, la más mortífera, dejó el año pasado 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales según la ONG Caminando Fronteras. Las organización acusan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de "laxitud", exigen la investigación de las muertes durante las travesías y que se intensifique la actuación de la Fiscalía provincial de Las Palmas.