Aplazado el juicio de Sniace porque el abogado de Mezquita ha estado en contacto con un positivo
La antigua cúpula de la empresa de Torrelavega se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados
El ex presidente de Sniace, Blas Mezquita, en el banquillo de los acusados. / Europa Press
Torrelavega
El juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010, que comenzaba este martes, ha quedado suspendido hasta el mes de julio por contacto estrecho con un positivo Covid del abogado del expresidente de la empresa, Blas Mezquita.
Así lo ha decidido esta mañana el titular del Juzgado de lo Penal número dos de Santander en el arranque del juicio, que estaba previsto se desarrollara durante siete jornadas, hasta el día 19 de este mes.
La antigua cúpula de Sniacese se sienta en el banquillo de los acusados por la emisión de vertidos contaminantes al río Saja-besaya sin permiso y no respetando los parámetros de la Autorización Ambiental Integrada.
La Fiscalía, que pide 16 meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados, considera que la empresa carecía de autorización para realizar vertidos al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la que tenía desde 2002 "por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".
Por otro lado, la compañía obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía.
Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.
También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.
Además, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.
La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.
