El alcalde de Vega de Liébana reconoce que falsificó un escrito: "Fue una torpeza"

Santander

El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, ha reconocido  que falsificó las firmas de los presidentes de tres juntas vecinales en un documento dirigido al Gobierno de Cantabria sobre la vía ferrata con el objetivo de obtener la autorización para el proyecto y ha manifestado al respecto que fue "una torpeza por mi parte", porque "pudiéndolo hacer bien, lo hice mal". "Teniéndolo todo en la mano para hacerlo bien, lo hice mal", ha confesado en su declaración en el juicio contra él, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y con el que se enfrenta a tres años y medio de cárcel que pide la fiscal por un delito de falsedad en documento oficial.

El acusado se ha mostrado conforme con los hechos pero no con la pena solicitada por el ministerio público y a la que se ha sumado la acusación particular, ejercida por una concejala de la oposición (PP) que denunció lo ocurrido. Ambas partes --que además interesan multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años-- han elevado a definitivas sus conclusiones y peticiones. También lo ha hecho la defensa, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien ha introducido como alternativa a la absolución de su cliente que se le condene por un delito de falsedad en documento por imprudencia y se le aplique la atenuante muy cualificada de colaboración con la investigación y el reconocimiento de los hechos desde el inicio. Esto supondría una pena de suspensión de mes y medio y una multa.

Durante el interrogatorio, el regidor regionalista -ocupa el cargo desde 2007- ha admitido que el 2 de diciembre de 2016 envió desde el Ayuntamiento a la Consejería de Medio Rural un documento firmado por él y en el que aparecían también las rúbricas de los pedáneos de Barrio, Ledantes y Villaverde sobre la vía ferrata, que tenía autorización provisional -hasta el día 31-. Dicho permiso, que se otorga de forma temporal hasta que se obtiene la concesión, tenía que ser renovado para acabar la obra, que se había ido "dilatando" por distintos motivos -se empezó tarde e hizo mal tiempo-, según ha apuntado el dueño de la empresa que la ejecutó y encargado de dirigir los trabajos, que ha declarado como testigo.

El procesado, que ha destacado que tenía las autorizaciones previas de los responsables de las juntas vecinales, ha explicado que introdujo sus firmas en el escrito que remitió por correo electrónico al Ejecutivo en base a la "urgencia" y "premura" para ejecutar la instalación deportiva y turística. A preguntas de la Fiscalía, ha corroborado que creó el mismo el escrito y que no fue rubricado por los tres implicados.

"No estoy orgulloso de ello", se ha lamentado el alcalde del municipio lebaniego, que si bien ha reconocido que él mismo creó el documento en cuestión, ha esgrimido en cambio que la "voluntad" de los representantes vecinales era que se autorizara la vía ferrata -así lo habían trasladado los de Barrio y Ledantes en junio y el de Villaverde en noviembre--, y "ninguno" de ellos le había manifestado "oposición" al respecto.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado que se trate de una "imprudencia", porque "se ha creado un documento ad hoc y se han falsificado tres firmas". Así, han mantenido su petición de 3 años y medio de cárcel, multa de 3.600 euros y que cumpla inhabilitación durante tres años. La fiscal ha hecho hincapié en que los presidentes de las juntas vecinales han testificado que "no hubiera firmado el documento hasta no tener bien atadas las condiciones económicas" y ha añadido que "no era necesario" que alguno de ellos denunciara los hechos.