El 15% de funcionarios judiciales culmina esta semana su éxodo a la península
El sindicato CSI-CSIF pide incentivos para fidelizar las plazas de los funcionarios e incrementar el plus de insularidad
Palma
El 15% de la plantilla de funcionarios judiciales ejecuta esta semana su éxodo a la península. El Ministerio de Justicia resolvió la semana pasada el concurso de traslados y 137 funcionarios que trabajan en juzgados del archipiélago se marchan a otros destinos dejando a algunas instancias en una situación crítica. Su traslado forzoso a las islas hace dos años y la falta de un incentivo económico en forma de plus de insularidad ha llevado a estos trabajadores a pedir el regreso a sus ciudades de origen en un momento en el que las bolsas de interinos para cubrir estas plazas están agotadas.
El portavoz del sindicato CSI-CSIF, Andrés Bou, afirma que hay juzgados, como el de penal 8 de Palma, que perderán a diez funcionarios de golpe. Los peor parados serán los de lo social y mercantil, mientras que los de instrucción son los que mantendrán más personal, ya que al tener que hacer guardias el salario de los funcionarios es algo más elevado y algunos se decantan por quedarse. El sueldo medio de un funcionario de justicia en las islas es de 1.100 euros, con un plus de insularidad de 60 euros incluido. Sin embargo, este concepto alcanza los 500 euros en Canarias y hasta 700 en lugares como Melilla. Por eso, Bou reclama una mejora de las retribuciones para poder fidelizar a los funcionarios que llegan procedentes de la Península.
Otro de los problemas es que hace dos años el Ministerio de Justicia obligó a venir a las islas a 300 funcionarios de forma forzosa para intentar paliar el déficit de personal. Sin embargo, desde el sindicato ya predecían que gran parte de ellos pedirían volver en el primer concurso de traslado, como finalmente ha ocurrido. Uno de los factores que agrava aún más la situación es que la bolsa de interinos está agotada y las listas no saldrán como pronto hasta principios de verano. El CSIF pronostica un colapso de los juzgados en Balears en las próximas semanas y retrasos en las tramitaciones de consecuencias, dicen, desconocidas.