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Política | Actualidad

Unas 2.000 personas se encuentran en exclusión residencial extrema en Tenerife

Un informe de Cáritas revela que el 60% de los afectados lleva más de un año sin hogar

Personas sin hogar / EUROPA PRESS

Tenerife

Cerca de 2.000 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife. Así lo reflejan los datos de un informe encargado por el Cabildo insular que Cáritas ha adelantado en la SER. 

Su portavoz, Úrsula Peñate, ha señalado que hasta finales de 2020 la vulnerabilidad habitacional afectaba a 1.800 personas, pero que solo en los primeros dos meses de 2021 han detectado a otras 200. En este sentido, ha explicado que se trata de un fenómeno "estructural" puesto que "el 60% lleva más de un año sin hogar y de esa cifra más o menos el 30% lleva más de tres años". 

Respecto al perfil de las personas afectadas, Cáritas concluye que un 60% de ellas son nacionales, mientras que el 40% restante son de origen extranjero. Este último grupo preocupa especialmente ya que casi la mitad se encuentran en situación irregular: "no tienen acceso a prácticamente ningún derecho, muchas veces se les imposibilita el empadronamiento en los municipios. A cualquier persona en situación de calle". 

Para intentar hacer frente a un drama ascendente, la consejera de Acción Social se reunió ayer con los ayuntamientos a fin de establecer un plan de actuación. Al respecto, Marián Franquet ha aseverado que "el sinhogarismo se ha recrudecido" a raíz de la pandemia. "Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor grado de retraso en tener una estructura social de apoyo, a todos los niveles, una red social que permita atenderlos", ha apuntado la dirigente. 

Desde Santa Cruz de Tenerife, la concejala de servicios sociales, Rosario González, ha detectado un "repunte" del sinhogarismo en el último año. Actualmente, el municipio cuenta con 200 plazas y ha tenido que habilitar un recurso de emergencia para que las personas puedan pasar la noche bajo cobijo, especialmente tras la implantación del toque de queda. Sin embargo, el ayuntamiento prevé abrir nuevos espacios inminentemente y lamenta que las corporaciones locales soporten "una carga muy grande". Por ende, pide el desarrollo de la ley de servicios sociales "para lograr una mayor coordinación y ser más eficientes". 

Pero la palma de esta situación desfavorable se sitúa en el sur de la isla. Tal y como ha señalado la concejala de Bienestar Comunitario, Mercedes Vargas, en los últimos meses han logrado identificar a cerca de un centenar de personas que se encuentran sin hogar.

Junto con Cáritas, prevén comenzar una intervención global. Los primeros pasos para mejorar la situación de los afectados los marca un acuerdo alcanzado por el que "el empadronamiento puede ser en una plaza, pero las notificaciones llegan a la dirección de servicios sociales", ha explicado la edil. 

 
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