Toni Gaspar ordena la disolución, liquidación y extinción de Divalterra pero el PP desconfía
El presidente de la Diputación anuncia que las brigadas forestales se incorporarán al Consorcio de Bomberos
Un momento del pleno de la Diputación de este martes en el que se ha celebrado la junta general de Divalterra exigida por la oposición / diputació de València
Valencia
El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar ha anunciado su intención de disolver la empresa publica Divalterra, heredera de Imelsa, para lo que convocará una nueva junta general en la que se destituirá a los miembros del consejo de la sociedad y se nombrara a los liquidadores de la sociedad.
El anuncio lo ha realizado Gaspar al término de la junta general extraordinaria de Divalterra que había forzado la oposición para hablar del futuro político de la empresa pública de la Diputación de Valencia.
Toni Gaspar anuncia la liquidación de Divalterra
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Sobre los 700 trabajadores que integran la empresa pública en la actualidad, Gaspar ha anunciado que, con urgencia, los brigadistas, que son la parte principal y mayoritaria de la plantilla, se incorporarán al Consorcio Provincial de Bomberos y el resto de servicios minoritarios se integraran la Diputación de Valencia.
Gaspar cree que ha llegado el momento de "pasar de las palabras a los hechos", y ya que no ha sido posible reconducir la empresa publica a tenor del informe de la Secretaria e Intervención que ha recibido propone el cierre de la empresa.
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Reacción de la oposición
Pero el anuncio del Presidente de la Diputación no convence a la oposición. El Partido Popular cree que la decisión de liquidar la empresa pública Divalterra es un intento desesperado de Gaspar para tapar las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer.
Por eso el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó anuncia que llevará a la Fiscalía la contratación de la jefa de Recursos Humanos, que es la última polémica que ha salpicado a la empresa y que ha provocado el cese del gerente, Antonio Mas, que según los populares ha sufrido enormes presiones que tienen documentadas y que van a remitir a la fiscalía.
Ciudadanos, por su parte, sorprendido por la noticia, ha pedido, precisamente, que se den garantías para los trabajadores de la mercantil.
