Procesado Carlos Fabra por presuntamente ocultar patrimonio, cobrar sobornos y blanqueo
Carlos Fabra / Radio Castellón
El juez, que abrió su investigación para esclarecer si el exmandatario popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una condena anterior a cuatro años de prisión, entiende que existen indicios de que Fabra quiso impedir el acceso a su patrimonio de la Justicia y la Administración Tributaria, percibió sobornos y blanqueó dinero.
Por esa razón ha dado por terminada la instrucción, y ha dictado un auto de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento, en el que emplaza a la Fiscalía a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.
El magistrado relata en la resolución que Fabra y su mujer, María de los Desamparados Fernańdez , ocultaron la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales para evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria. Una deuda que es consecuencia de una condena por delitos fiscales. En la ejecución de ese plan, Fabra y su mujer habrían contado desde el principio con la ayuda de sus hijos Borja y Claudia y del yerno de Fabra.
Según el juez, la situación de aparente penuria económica que exhibía Fabra no cuadra con el hecho de haber recibido entre 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
También se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig y su hijo.
Según el auto, dichas transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados en relación con inmuebles, aunque eran realizados a petición de Fabra en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación de Castellón.
El juez atribuye al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno y cuatro empresarios un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios.
También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra y cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
