Economia y negocios
EL ENFOQUE

Sobre el accidente de Spanair

La opinión de Pomares

Pomares / Cadena SER

Tenerife

Fue el 20 de agosto de 2008: el vuelo JK-5022 de Spanair, que hacía el trayecto Madrid-Las Palmas, se estrelló en Barajas inmediatamente después de despegar, con un balance de 154 personas fallecidas frente a solo 18 supervivientes. Más de doce años después, el Pleno del Congreso aprobaba ayer por 219 votos a favor, los 121 votos en contra del PSOE y con seis abstenciones, las conclusiones de la comisión de investigación del accidente, creada en el Congreso y que a lo largo de tres años se ha reunido en treinta ocasiones y ha hecho comparecer a una cincuentena de personas para establecer las causas del accidente y pronunciarse sobre las responsabilidades que se derivan de él.

El resultado de la votación, con el PSOE aislado en su negativa a atribuir responsabilidad alguna al Gobierno Zapatero, no ha supuesto ninguna sorpresa, aunque sí bastante vergüenza para muchos de los propios diputados socialistas, forzados a votar en contra de sus convicciones y criterio. La comisión aprobó a mediados de abril su dictamen, con 210 votos a favor y el rechazo del PSOE, porque en ese dictamen se establece la responsabilidad de varias personas que en la fecha del accidente ocupaban puestos designados por el Gobierno Zapatero: la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao, el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista, y los responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea. El informe asegura que se produjo un fallo de todo el sistema de prevención, del que se hace responsable a los encargados de “establecer, evaluar, evolucionar (sic), comprobar y corregir” sus debilidades. El rechazo del PSOE a apoyar la asunción de responsabilidades, dejó al grupo socialista en total minoría en el Congreso.

Esa actitud, fruto de una mal entendida disciplina partidaria, marcada por la falta de empatía y solidaridad con las víctimas y sus familias, supone una auténtica vergüenza. Para los diputados canarios que no apoyaron el dictamen de la comisión, una vergüenza mayor aún.

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