Rafael Rubio "cobraba por callar", según los investigadores del caso Azud
Se investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València
Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), durante un registro en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a 13 de mayo de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) / Jorge Gil - Europa Press (EUROPA PRESS)
Valencia
Rafael Rubio "cobraba por callar". Con esta contundencia se han expresado fuentes de la investigación del caso Azud consultadas por la Cadena SER. Según esas fuentes el ya exsubdelegado del Gobierno en València recibía cantidades de dinero e incluso obsequios por mantener silencio respecto a la trama de mordidas.
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Recordemos que el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado. Varios cargos púbicos podrían haber cobrado elevadas cantidades de dinero y cuantiosos regalos por parte de empresarios.
Más registros
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continuó este viernes con los registros en el marco de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística que suma 14 detenidos, entre los que se encuentran Rafael Rubio y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau.
Junto a ellos, otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado el jueves en Ibiza.
A la espera de que la Guardia Civil tome declaración a los procesados y los ponga a disposición de la jueza de Instrucción 13, algo que previsiblemente sucederá a partir de las 10 horas de este sábado, los agentes de la Unidad Central Operativa han citado a declarar este sábado a otros investigados que no han sido detenidos, como es el caso del exresponsable de las finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña.
José Cataluña, un histórico dirigente del PSPV que llevó durante años las finanzas del partido y al que algunas fuentes de la investigación le atribuyen un papel relevante a la hora de poner en contacto a empresarios y a los cargos públicos beneficiados con las mordidas. Cataluña no ha sido detenido pero declarará este sábado como investigado porque hay sospechas de que, a través de José Luis Vera, responsable de servicios jurídicos de una empresa de la Diputación de Valencia, y salpicado también por el caso, podría haber derivado algún dinero a la campaña de algún candidato local del PSPV en 2007.
La operación se ha desarrollado varias ciudades: Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso.
Detenciones
También dos políticos del ámbito municipal, además del exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exconcejal socialista del Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, y del exvicealcade de València Alfonso Grau (PP), se encuentran entre los 14 detenidos este jueves por la UCO de la Guardia Civil en el marco del caso Azud, según han informado a EFE fuentes de la investigación, aunque su nombre o filiación política no ha trascendido por el momento.
Entre los detenidos se encuentra el empresario valenciano Federico Ferrando, que fue detenido este jueves y permanece bajo custodia de la Guardia Civil hasta su previsible puesta a disposición judicial este sábado.
El caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València, es una causa declarada secreta y abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Durante la jornada de este viernes se realizaron registros en empresas y probablemente también en alguna administración pública, de modo que no se prevé que los detenidos puedan pasar a disposición judicial hasta este sábado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.
Las partes personadas desde entonces apenas han sido notificadas de ninguna diligencia, puesto que se mantiene un riguroso secreto sobre el procedimiento.
