Alfonso Rus se sentará en el banquillo por otra pieza del Caso Imelsa
La jueza le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el caso del Call Center
Alfonso Rus (archivo) / Corts Valencianes
Valencia
En un auto notificado este miércoles a las partes la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Alfonso Rus y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ para la empresa pública Imelsa.
A la vista del escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, la instructora tiene por dirigida dicha acusación contra Alfonso Rus como presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En el caso del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado.
Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.
En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.
La resolución, que es firme señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa la Audiencia Provincial de Valencia.
La pieza D
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, según consta en el auto, Benavent aseguró que a través de Imelsa se adjudicó "a dedo" --posteriormente aclaró que de forma "amañada" el 'call center' a Servimun y que fue su exsuegro el que actuó de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa pública quien articuló el procedimiento para posibilitar esa adjudicación.
El juez considera que pudo existir "un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de de desviar y malgastar los recursos públicos".
Esta conclusión, según el auto, se fundamenta entre otros motivos en la "relación de vecindad y amistad" entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un "conocimiento estrecho" de Alfonso Rus.
José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.
El juez considera "evidente" que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste "algún favor le debía" en relación con el contrato, "muy probablemente por actuar de conseguidor" ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.
De hecho, el juez detalla que la adjudicataria optó al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibió más puntos aunque luego no llegó a materializarlas.
Por ejemplo, expone que el servicio desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de 8 agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestación durante las mañanas del sábado solo se llevó a cabo durante el primer mes y nunca se implantó un soporte técnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones sino que todo el soporte técnico corrió a cargo de personal de Imelsa, entre otros imcumplimientos.
Un informe del Servicio Jurídico de Divalterra reflejó que de
las 990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de Call Center se recibieron únicamente 264.847 llamadas de las que únicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas.
