Miércoles, 23 de Junio de 2021

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Custodia hijos

Los peritos expertos coinciden en que el SAP no está avalado científicamente

El juicio de Irune Costumero contra el diputado de Acción Social y tres trabajadoras forales ha quedado visto para sentencia

El diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, sentado en el banquillo del juicio contra el Servicio de Menores de Bizkaia, junto a tres funcionarios por presuntos delitos de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber quitado una hija a su madre sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida.

El diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, sentado en el banquillo del juicio contra el Servicio de Menores de Bizkaia, junto a tres funcionarios por presuntos delitos de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber quitado una hija a su madre sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida. / Luis Tejido (EFE)

El juicio de Irune Costumero contra el diputado de Acción Social y tres trabajadoras forales ha quedado visto para sentencia. El juicio ha concluido con las declaraciones varios testigos-peritos, entre otros, psicoterapeutas y psicólogas de los servicios sociales, y psicólogas-forenses.

El personal de servicios sociales coincide, como lo hicieron otros testigos en la sesión de este martes, que "el rechazo de la niña al padre era poco auténtico, era un escenario prestado". Tras pasar el verano de 2017 con él, tras la separación, la niña evolucionó de forma muy favorable, según estos profesionales.

Las testigos forenses también han ido por la misma dirección. "En la figura paterna, se preservaba la integridad de la menor, algo que no ocurría en la figura materna", han llegado a afirmar estos testigos convocados por la Defensa y la Fiscalía. Reforzaban la tesis de que la niña expresaba una emoción y no la vivía: "La niña nos decía: 'Tengo miedo a mi padre', pero no se percibía miedo en la menor".

Después ha sido turno de varios peritos convocados por la acusación particular venidos de diversos puntos del Estado, como Madrid o Zaragoza. "Yo me encontré con una mujer devastada", ha expresado la profesional que hizo un diagnóstico a la madre por petición de sí misma. "Me llamó la atención que falte soporte empírico en los informes ya que solo hay mencionado un test y nunca fue aportado. Se hace un sesgo interpretativo en los informes", ha cuestionado.

En la misma línea, ha declarado otra perita. "En este informe, no veo una correlación entre lo que dicta la exposición con las conclusiones. No se describe bien la metodología y no se describen qué tipo de entrevistas se han realizado. De todo lo que describe no hay anda que pueda haber una alteración y un diagnotico tan especifico", ha expuesto en relación con el Síndrome de Alineación Parental (SAP).

 Precisamente, todos los expertos han coincidido en que el SAP "es un trastorno que no está avalado científicamente, ni por la Organización Mundial de la Salud ni por organismos internacionales. Nunca ha estado recogido". Esto contradice con lo afirmado por la Fiscal en la sesión de este martes quien indicaba que "el SAP existe".

La sesión del juicio continúa con el visionado de los audios del momento, supuestamente, de la separación entre madre e hija el 4 de agosto de 2017. En ellos, se escuchan gritos y lloros, algo que no concurda con lo expuesto por los dos agentes de la Ertzaintza.

El Ministerio Fiscal no presenta cargos y pide la libre absolución de los acusados, según ha confirmado Radio Bilbao. Por su parte, la acusación particular pide hasta 5 años y 6 meses de prisión, 15 años de inhabilitación y una indemnización de 600.000 euros. A los acusados se les imputan delitos de prevaricación, maltrato y delitos de lesiones psíquicas por haber retirado la custodia a la madre sin conocimiento del juez.

Segunda sesión del juicio

Este martes, la sesión ha proseguido, entre otros, con las declaraciones del padre, de los dos ertzainas presentes en el encuentro que acabó con la separación entre la madre e hija, y de varios técnicos de los servicios sociales de Barakaldo y de la Diputación de Bizkaia.

El padre ha explicado que él tramitó el divorcio y que a partir de ahí, se estableció la custodia compartida. Ha recordado que Irune Costumero le denunció por malos tratos, aunque esa sentencia fue absolutoria. Tras el momento de separación hija-madre, cuando la niña llegó a su custodia ese mismo día, no presentó ningún problema y el recibimiento fue bueno, en contra de lo declarado por Costumero este lunes. Retirar la custodia a la madre, "fue la mejor decisión", ha llegado a decir.

El padre ha añadido que siempre se ha mostrado abierto a participar en los programas de mediación y terapéuticos hacia la hija, tanto de los servicos sociales de Barakaldo, de donde proviene el caso, como de la Diputación, y que incluso le ha llevado al médico, algo que no coincide con lo relatado por la pediatra de la niña. Retirar la custodia a la madre "fue la mejor decisión", si no, no hubiera podido "ver crecer a mi hija", decía el progenitor.

La médica ha contado que "el padre se fugó con la hija durante dos meses" y que la menor le respondió que le había pegado su progenitor, tras preguntarle por unos hematomas. La pediatra, además, ha confesado que la Diputación nunca se puso en contacto con ella.

La técnica del Servicio de Infancia de la Diputación ha confirmado que firmaron la orden foral de modificación de la custodia y que la propuesta de la comisión técnica se la notificaron al juzgado de Barakaldo. Además, ha afirmado que en el instrumento Balora del Gobierno Vasco "en la parte cuarta, en la información complementaria, hay una reseña que habla sobre el Síndrome de Alineación Parental". Sin embargo, esta afirmación contrapone lo que después ha explicado otra trabajadora del Acción Social de la Diputación. En los documentos, publicados en la web del Gobierno Vasco no viene recogido ese término.

Los tres agentes presentes en ese momento han declarado que no se produjo ningún forcejeo en el momento en el que la Diputación separó a la madre y la hija. "La niña al principio dijo que no quería separase de la madre, pero luego no chillaba, ni gritaba", ha sostenido uno de los ertzainas. Una versión contradictoria a lo declarado ayer por la madre, Irune Costumero.

Primera sesión de la vista oral

En la primera sesión del juicio, celebrada este lunes, han declarado la madre, los testigos, los acusados y varios técnicos. Irune Costumero ha asegurado en la sala que "le arrancaron de manera violenta" a su hija sobre un "inexistente" síndrome, "sin haber preguntado a la niña por qué no quería ir con su padre". Antes de entrar en el edificio, Costumero ha explicado que "hay pruebas muy contundentes para que se haga Justicia. Han sido cuatro años de larga espera que no hay pena ni dinero que puedan devolver a mi hija todo este tiempo".

Por su parte, el actual diputado de Acción Social de la Diputación, Sergio Murillo, ha defendido la legalidad de sus actuaciones, basadas en protocolos elaborados por el Gobierno Vasco. Los informes técnicos aseguraban malos tratos psicológicos por parte de la madre por lo que, en agosto de 2017, firmaron una orden para retirar provisionalmente la custodia compartida que había dictado un juez en 2013 y asumirla como institución. "De no haberse adoptado, se hubiera dejado a la menor en situación de desprotección", ha asegurado Murillo, que en el aquel momento no tenía una cartera foral. Era el director general de Autonomía Personal.

En el banquillo de los acusados, le han acompañado tres funcionarias: la entonces jefa de Recepción y Valoración de Infancia; la entonces jefa del Servicio de Infancia y la trabajadora social. En la calle, les apoyaba la directora de Infancia, Maite Iturrate. "Nuestro objetivo es cuidar a estos menores y siempre con la máxima del interés superior del menor. Adoptamos al año miles de resoluciones en este aspecto", defendía.

La investigación judicial, tajante

El Juzgado de Instrucción N.º9 de Bilbao, encargado de llevar a cabo la investigación, sostiene en su auto que "los acusados (...) decidieron de manera arbitraria, injusta y en contra de la Ley dictar una resolución administrativa para privar de la custodia de su hija a la madre".

Añade que utilizaron "motivos inexistentes con un procedimiento ilegítimo y en contra de la jurisprudencia de los tribunales conocida por los acusados".

El Síndrome de Alineación Parental

El Síndrome de Alineación Parental es una falsa enfermedad que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica. Consiste en acusar a la madre de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.

La Organización de las Naciones Unidas envió una dura comunicación en septiembre de 2020, donde desprendía que podría haber sido un caso de violencia institucional y pedía al Gobierno de España explicaciones. Se asentaba sobre un informe que recogía que la menor sufría un supuesto síndrome de alienación parental (maternal, en este caso).

La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha posicionado este lunes en contra de este síndrome. Lo hacía en la red social Twitter.

Ese síndrome también ha sido negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial. Además, la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes considera que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.

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