Lunes, 17 de Enero de 2022

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Expedientados dos guardias que participaron en la denuncia al juez Fiestras

AUGC ha mostrado su sorpresa, lo considera no ajustado a Derecho y cree que se castiga el derecho a no declarar

Intervención de la Guardia Civil en la vivienda en la que se encontraba el juez Ricardo Fiestras.

Intervención de la Guardia Civil en la vivienda en la que se encontraba el juez Ricardo Fiestras. / Cadena SER

Dos miembros de la Guardia Civil han sido objeto de la apertura de sendos expedientes disciplinarios, al considerar que pudieron haber cometido una falta grave por la presunta filtración a los medios de comunicación del video grabado durante la intervención, llevada a cabo en febrero, en una vivienda de Lanzarote en la que se encontraba el juez Ricardo Fiestras incumpliendo algunas de las restriciones establecidas en ese momento por el COVID, según ha adelantado Canarias 7.

Los dos agentes podrían haber incurrido en la falta grave de 'conservar las grabaciones lícitamente efectuadas con videocámaras o medios técnicos análogos por más tiempo o fuera de los casos permitidos por la Ley, o cederlas o copiarlas cuando la Ley lo prohibe'.

La Guardia Civil ha notificado la apertura de los expedientes a un cabo y a un agente que participaron en el operativo llevado a cabo por miembros del Grupo de Intervención Rápida (GIR) mediante el que se sorprendió al juez Ricardo Fiestras, su pareja y un grupo de amigos en una celebración que presuntamente incumplía las restricciones que estaban establecidas en el mes de febrero, cuando Lanzarote se encontaba en nivel 4 de alerta COVID.

El instructor del caso entiende que los dos guardias podrían haber incurrido en una falta grave que podría acarreearles incluso desde una sanción de cuatro días hasta la pérdida del destino Además, el mismo instructor llega a plantear el desmantelamiento del propio GIR.

Fue una queja del propio juez, además de su pareja, el empresario Fernando Becerra y otra persona, la que motivó la apertura de un expediente informativo por parte de la Guardia Civil que derivó posteriormente en una información reservada. Los cuatro aseguraban en su queja que habían sido objeto de un trato «no correcto en tanto al tono empleado, así como la realización de grabaciones sin mediar autorización y sin comunicarlo a los presentes», para «horas después ser publicado en los medios» y entendían que se vulneraba la Ley de Protección de Datos, «siendo publicados a posteriori vídeos y audios de la intervención, sin estar editados, a nivel local, provincial y nacional».

Ahora, el instructor señala que en base a las manifestaciones de los agentes implicados y las gestiones practicadas, se ha detectado «posibles conductas merecedoras de inicio de expedientes disciplinarios». Añade que no ha sido posible demostrar quién filtró el video de la intervención aunque sí quién lo grabó así como al cabo 1º responsable del operativo.

En cualquier caso, el instructor afirma que en la actuación de los guardias (que no fue «reprochable disciplinariamente») no se observa «palabras malsonantes o vejatorias contra las personas involucradas», en contra de lo expuesto por la queja de juez y las otras tres personas, y añade que los comentarios que se escuchan en los vídeos fueron meras «expresiones espontáneas» que no debieron salir a la luz.

Respecto a la propuesta de desmantelar el GIR, el instructor propone «considerar la oportunidad o posibilidad de sustituir a todos o parte de los integrantes del GIR de Lanzarote implicados». En este sentido, considera que no es «profesional ni leal al mando, ni dejan en buena imagen a la institución» que «ante la actuación reprochable de algún componente del grupo, todos mantengan un cierto 'código de silencio' para proteger o dificultar el reproche legalmente establecido». Se refiere en este sentido a que los guardias objeto de investigación se acogieron a su derecho de no declarar.

Sorpresa en la AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz en la provincia de Las Palmas (Juan Couce) ha mostrado su sorpresa ante la incoacción de los dos expedientes tras una actuación que califican de "impoluta y ajustada a Derecho" recordando que cuando se llevó a cabo, la isla de Lanzarote se encontraba en el nivel 4 de alerta COVID.

Por otro lado, ha recalcado que todas personas tienen derecho a la presunción de inocencia "y los agentes de la Guardia Civil no iban a ser menos" aunque añade que parece no ser así ya que apunta que se pretende cesar de la unidad a dos guardias por acogerse a su derecho constitucional de no declarar y eso sí, consideran que no se ajusta a Derecho.

En cuanto a las consecuencias que supondría para Lanzarote el desmantelamiento del GIR, el portavoz de la AUGC recuerda que participa en muchos operativos e incluso colaboró en el rescate llevado a cabo en aguas de Órzola tras el naufragio de una patera. De esta forma y si se disuelve "la isla se quedará sin un grupo que puede intervenir en todos estos aspectos hasta que se cree una unidad tipo GRS pero que se creará en las islas pero a final de este año o principios del próximo".

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