El Rey reina pero no gobierna

Albacete

El afán de algunos políticos españoles por enredar al Rey, Jefe del Estado, en sus disputas políticas cuando no tienen otro argumento al que recurrir resulta sumamente perturbador.

La decisión del Gobierno de indultar a los independentistas que permanecen en prisión desde hace casi cuatro años ha disparado la ocurrencia de que el Rey puede negarse a firmar el Real Decreto que los indulte, como si tuviera potestad para valorar las decisiones del poder soberano, que es el ejecutivo emanado de las urnas.

Cuando se sometió a Referéndum el texto constitucional en 1978 se tuvo sumo cuidado de aceptar el mantenimiento de la Monarquía a cambio de una ubicación de la misma, no entre los poderes constitucionales sino como mera representación del Estado, en lugar de un Presidente de República. La transacción consistía en otorgarle tan solo un poder simbólico del que nunca podría salir para pasar a otro protagonista. Precisamente por ello, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 generó seria suspicacia no entre los independentistas (que no creen ni valoran su figura) sino entre aquellos que opinaban que esa tarea correspondía al Presidente del Gobierno, mudo, y no al Jefe del Estado.

Las opiniones estrafalarias de Isabel Díaz Ayuso sobre la supuesta utilización del Rey por parte del Gobierno para llevar a cabo sus tropelías tendrían como justa respuesta una llamada de atención de la Casa Real para aclarar cuáles son las funciones que le otorga al Jefe del Estado nuestra Constitución y quizá también un Manual de Derecho elemental para que la Presidenta de la Comunidad de Madrid entienda que no estamos ante una Monarquía del Siglo XIX en la que la soberanía era compartida entre el Rey y el pueblo sino ante una Monarquía constitucional europea del siglo XXI que otorga al Jefe del Estado la función simbólica de sancionar las Leyes y Reales Decretos, como lo hace Felipe R. todos los días en el Boletín Oficial del Estado.