Más de 200 agricultores del Campo de Cartagena denuncian "inconstitucionalidad" en la Ley del Mar Menor

Cartagena

Más de 200 agricultores del Campo de Cartagena han presentado una reclamación colectiva por la "inconstitucionalidad y la mal llamada" Ley del Mar Menor, ya que "desnaturaliza la agricultura y la hace irreconocible".

Según apuntan en el escrito, la Ley del Mar Menor "prohíbe los usos agrícolas normales y atenta contra derechos constitucionales como la libertad de empresa y de propiedad", explica Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y quien ha hecho el informe de apoyo al escrito de los agricultores. Según el jurista, "se pueden admitir usos restrictivos, pero no se puede producir una ablación de los usos agrícolas esenciales cuando hay soluciones que permiten compatibilizar agricultura y Mar Menor".

En ese sentido, los juristas citados indican que "se dirigen a la administración murciana para solicitar la petición de usos agrícolas, que se corresponden con un entendimiento elemental de la agricultura". Piden lo que consideran "usos agrícolas normales que ahora la ley prohíbe. O el Tribunal Superior de Justicia tendrá que elevar cuestión de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo", alega la abogada Inmaculada de la Fuente Cabero.

Por su parte Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio, que ha coordinado y asesorado a los agricultores en la denuncia colectiva, lamenta que "siempre se ponga el foco en la agricultura y el sector agrario, porque es perfectamente posible compatibilizar la agricultura y la defensa del Mar Menor, y además es algo que promueven desde la Unión Europea". Sin embargo, "aquí se ha buscado como cabeza de turco a los agricultores. Las administraciones se han extralimitado, llevando a la ruina a miles de trabajadores del campo honrados y decentes, y no vamos a permitirlo", lamenta Corbalán.

La causa del problema, a su juicio, "es multifactorial, como el estrechamiento de las golas, la falta de infraestructuras por parte de las administraciones públicas que no invierten en depuradoras, o en sistemas óptimos de alcantarillado, en prevenir las escorrentías cuando llegan las DANAs, la protección contra los vertidos tóxicos de las minas, y un sinfín de factores que obvian por completo en esta Ley".