El Ayuntamiento de Cádiz investiga ya a los policías que usaron botes de humo

Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González, ha dado orden de investigar y esclarecer lo ocurrido ayer durante la protesta de la policía local que obligó a desalojar el Ayuntamiento por el uso de botes de humo “para debutar todas las responsabilidades”, de ahí que se estén investigando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que se está revisando las imágenes de los incidentes “para identificar a los responsables directos del desalojo del Consistorio” y también a los policías locales y funcionarios “que hubieran podido incumplir su obligación de evitar lo ocurrido”.

Este viernes, durante una protesta de los sindicatos de la policía local para reclamar mejoras salariales, se utilizaron hasta tres botes de humo que obligaron a suspender un pleno, desalojar todo el Ayuntamiento y a atender por intoxicación a dos concejalas, que tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud.

“Vamos a depurar todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias”, ha anunciado el primer teniente de alcalde Demetrio Quirós, quien no descarta reclamar “responsabilidades penales, ya que estamos ante un caso de desorden público de gravedad que trajo consigo daños a personas y la suspensión del pleno y la actividad normal del Ayuntamiento”.

Quirós ha insistido en la revisión de las grabaciones ya que en la protesta se pudo ver cómo algunas personas de forma “dolosa” hicieron todo lo posible porque el humo entrara en las instalaciones municipales, moviendo incluso la ubicación del bote de humo para que este entrara en mayor cantidad en el Consistorio, sin importarle las consecuencias para la ciudadanía que se encontraba allí realizando gestiones.

“Un policía local debería proteger siempre, y también a sus compañeros y compañeras que trabajan en esas dependencias", ha añadido.

El primer teniente de alcalde ha adelantado que se estudiarán las responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios o funcionarias que, en el ejercicio de su cargo, hubieran podido evitar estos hechos o identificar a los posibles autores.

“En el caso de que se sustanciara un expediente sancionador y este derivara en la comisión de una falta muy grave, esto podría suponer la separación definitiva del servicio de la persona que hubiera cometido la infracción”, recuerda Quirós.

El gobierno local ha insistido en que los agentes de Policía Local, que supuestamente eran los que se encontraban en esta protesta, “tienen la obligación legal de denunciar hecho delictivo que observen y quienes estuvieron presentes y vieran a personas que podrían haber cometido estos delitos tienen la obligación legal de poner los hechos en conocimiento de las autoridades”.

De ahí que el Ayuntamiento también aguarda que “en las próximas horas estos funcionarios se personen voluntariamente en el expediente abierto”.