Lunes, 20 de Septiembre de 2021

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El endurecimiento de las sanciones contra los botellones ya es una realidad en Baleares

El Parlament ha validado el decreto ley con la intención de frenar el número de contagios derivados de estas prácticas

Imagen de archivo de una intervención durante un botellón en Ibiza

Imagen de archivo de una intervención durante un botellón en Ibiza / Policía Local de Ibiza

El Parlament ha validado este martes el Decreto Ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto Ley 11/2020, por el que se establecen sanciones más específicas sobre la celebración de botellones y fiestas ilegales.

La norma ha salido adelante por los votos a favor de PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, la abstención de PP, Ciudadanos y El PI y el voto en contra de Vox. Además, diversos grupos parlamentarios han solicitado que sea tramitado como Proyecto de Ley, una petición rechazada por la Cámara.

En la defensa de la misma, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha indicado que el Decreto Ley establece un régimen sancionador para hacer frente al no cumplimiento de las medidas establecidas por el Govern para contener el avance de la pandemia en Baleares.

Garrido ha explicado que la norma tiene el objetivo de "disuadir" a la población de incumplir las medidas sanitarias. "Está dirigida a una minoría en beneficio de la mayoría", ha indicado, para después añadir: "Queremos ser contundentes e inflexibles".

Según la consellera, "hay unos pocos que ponen en peligro el trabajo de todos". Además de recordar que el objetivo del Govern es "salvar vidas", ha recalcado que el comportamiento de los ciudadanos de Baleares es "excepcional" pero hay una parte de la población, "la más joven", que se está viendo más afectada mayormente por la COVID.

La consellera ha explicado que esta nueva situación "de gravedad" en la transmisión del virus en las Islas, "dada en fiestas ilegales y botellones, tiene que ser cortada" para preservar la salud.

De este modo, se sanciona con un mínimo de 1.000 euros la participación en un botellón; un mínimo de 2.000 si se participa en un botellón siendo contacto estrecho y con un mínimo de 5.000 euros si se hace botellón siendo positivo por COVID-19. También se propone una sanción mínima de 5.000 euros por la venta de alcohol fuera del horario permitido.

También se considera persona responsable de las infracciones a los propietarios de las viviendas o espacios donde se hagan fiestas ilegales, en caso de que no comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el alojamiento de la vivienda o el espacio donde se haya cometido la infracción si es el caso.

En el turno de los grupos parlamentarios que han votado a favor de la modificación de la norma, la diputada de Unidas Podemos Esperança Sans ha achacado al PP que "la situación de Madrid sólo nos hace dar las gracias de que aquí no haya un gobierno pilotado a lo Ayuso por Marga Prohens".

Sans ha subrayado que "ahora mismo" hay comunidades, "y gobiernos de todos los colores", actualizando las medidas y restricciones para hacer frente a la quinta ola. "Evidentemente no puedo incluir a la Comunidad de Madrid porque al PP poco le importa lo que está pasando", ha afirmado.

Seguidamente, el diputado del PSIB Juli Dalmau ha trasmitido que resulta "indispensable" actuar para "acabar" con actividades como los botellones ya que la variante delta "está causando un mayor número de contagios".

Dalmau también ha abundado en que la vacuna es "la mejor aliada" y ha subrayado que estas sanciones debe favorecer que "nadie rompa la cuarentena para participar en un botellón".

En el turno de quienes han rechazado el decreto ley, la diputada de Vox Idoia Ribas ha afeado al Govern que ponga "en riesgo la salud" de la población por permitir eventos como el macroconcierto de la Plaza de Toros de Palma. "Yo lo que me pregunto es qué multa va a pagar el Govern por permitirlo", ha dicho.

PROYECTO DE LEY

Tanto PP como Ciudadanos y El PI-Proposta per les Illes Balears se han abstenido en la votación porque han solicitado que el decreto ley sea tramitado como Proyecto de Ley. Los tres grupos parlamentarios se han quejado del "uso abusivo" que ha hecho el Govern de la figura del Decreto Ley en la gestión de la pandemia.

De hecho, el diputado 'popular' Juan Manuel Lafuente ha asegurado que esta modificación "llega tarde" porque el Govern y el Gobierno deberían haber previsto, tras el último estado de alarma, que finalizó el 9 de mayo, una norma para legislar "todo esto".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez ha señalado que el Govern "siempre se excusa" en el uso del decreto ley porque "estamos en una situación sin precedentes, pero hace meses que la pandemia está aquí". Por eso, ha considerado que la medida es "insuficiente".

Finalmente, el diputado de El PI Josep Melià ha justificado la abstención de su partido por "dos razones básicas". Primero, "por el abuso" del uso del decreto ley por parte del Govern y, segundo, porque "técnicamente es mejorable".

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