PP de San Clemente dice que 'nunca se advirtió de ilegalidad en el cobro de retribuciones'

San Clemente

El Partido Popular de San Clemente ha negado la información de Fiscalía y del Tribunal de Cuentas ofrecida por la portavoz del Ayuntamiento, Elena Medina, en el pleno del pasado mes de junio.

En ese pleno, la portavoz anunciaba la recepción de una carta del Tribunal de Cuentas, en donde informaba sobre 'las irregularidades denunciadas por el Ministerio Fiscal sobre la adopción plenaria de 22 de junio de 2015 por las indemnizaciones a razón del servicio para el cargo de concejal, irregulares y sin respaldo legal, con retribuciones contrarias a derecho'.

En una nota de prensa, la alcaldesa en esa fecha, la 'popular' Marisol Herrera, y actual jefa de la oposición, ha asegurado que 'el Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado aún sobre la legalidad o ilegalidad de los acuerdos adoptados en la corporación 2015-2019 a que hace referencia la información publicada'. Tampoco, según ella, 'ha reclamado la devolución de cantidad alguna, a los miembros del equipo de gobierno de la referida corporación'.

Herrera ha señalado que dichos actos administrativos se dictaron 'bien con el informe favorable del Secretario de la corporación municipal, o sin reparo alguno por su parte'. 'En ningún momento se advirtió de ilegalidad alguna en la adopción de dichos acuerdos por aquellos que tienen entre sus funciones el asesoramiento y la tutela de la legalidad de las decisiones de las autoridades municipales'.

A juicio de la 'popular', 'tampoco la Subdelegación del Gobierno advirtió de ilegalidad alguna en su día, y además, nadie a lo largo de estos años, ha recurrido dichos acuerdos habiéndolo podido hacer, ni siquiera el grupo municipal socialista de la corporación sanclementina'.

Por eso, la exalcaldesa ha recordado que 'a cada uno de dichos actos administrativos se le dio la publicidad requerida por la ley, y en consecuencia, cualquier persona podría haber interpuesto un recurso contra los mismos'. 'Existió por lo tanto la máxima transparencia en la adopción de los mismos', ha sostenido.

'NO HABÍA NADA QUE OCULTAR'

En dicho comunicado del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de San Clemente, sostienen que 'no había nada que ocultar' porque el objeto de los acuerdos adoptados en su día 'pretendía compensar la dedicación y los gastos que supone el desempeño del cargo de concejal del Ayuntamiento sanclementino'. 'Como todos sabemos, actualmente los concejales del equipo de gobierno municipal están percibiendo una serie de retribuciones bastante más cuantiosas que las que ahora quieren anular'.

Según el PP, el coste para las arcas municipales por cada concejal del equipo de gobierno 'fue en la corporación 2015-2019 de 520 euros mensuales de media, y en la actual es de 874 euros mensuales de media, es decir, un 68,05 % más'.

'Se pretenden ahora revisar una serie de actos administrativos dictados entre los años 2015 y 2019, ya que, al parecer, los emolumentos recibidos por los concejales del anterior equipo de gobierno municipal, no deberían de haber sido entregados en concepto de indemnización sino de retribución', ha subrayado el PP.

'Nada diferencia el objeto de la percepción de esos fondos en la presente corporación y en la anterior. Estamos ante un mero tecnicismo administrativo, es decir, la discusión es, si la percepción de una remuneración por la dedicación al cargo los es como indemnización o como retribución', ha asegurado el grupo 'popular'.

En todo caso, el PP ha señalado que la información facilitada por el actual equipo de gobierno municipal, 'además de no ser cierta, como se ha expuesto con anterioridad, es tendenciosa y partidista'.

'La actual alcaldesa de San Clemente sabe, porque el pasado día 23 se presentaron diferentes escritos de alegaciones dirigidos a la misma, que el Tribunal de Cuentas ya ha dictado sentencias en supuestos similares'.

Dichas sentencias, siempre según la información facilitada por el grupo 'popular' de San Clemente, 'consideran que, aunque se prescindiera de su correcta denominación jurídica, las indemnizaciones aprobadas con el mismo objeto por otras corporaciones, no se podían considerar ilegales'.

'Incluso establece que obligar al reintegro de las cantidades percibidas supondría, un enriquecimiento injusto para la corporación'. La última de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas y que, según los 'populares', 'conoce la alcaldesa de San Clemente, se dictó meses después de aprobarse el acuerdo de pleno de fecha 22 de junio de 2015, que ahora, después de más de seis años, pretende anular'.

Por último, el comunicado del grupo municipal 'popular' concluye sintiendo 'que la verdad haya deslucido la noticia con la que la actual alcaldesa pretendía desinformar a los sanclementinos'.