La Comisión de Peticiones de la UE cierra la denuncia sobre la ampliación del puerto de València
La decisión se ha tomado después de que una mayoría de los eurodiputados se pronunciaran a favor de no seguir tratando el caso y de que la Comisión Europea declarase que carece de base jurídica para pronunciarse
Valencia
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dio ayer por cerrada la denuncia de un ciudadano español que criticaba que el proyecto de ampliación norte del puerto de València no había sido sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental tras sufrir varias modificaciones frente a su versión original, de 2007.
La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, cerró la petición después de que los eurodiputados que representan a una mayoría de los grupos políticos de esta entidad se pronunciaran a favor de no seguir tratando el caso y de que la Comisión Europea declarase que carece de base jurídica para pronunciarse.
Javier Silveira recogía en su petición dudas sobre las modificaciones que ha sufrido el proyecto de ampliación norte del puerto de València desde la presentación de su versión original en 2007, que sí obtuvo una evaluación del impacto ambiental positiva. En concreto, denunció cambios significativos en el dragado, los rellenos, la capacidad terminal y la capacidad de los buques.
El peticionario cree que los cambios que se han efectuado a este proyecto desde entonces deben ser sometidos a un nuevo examen de impacto ambiental, ya que su desarrollo podría afectar a zonas protegidas de la red europea Natura 2000. "Es su total responsabilidad exigir al Gobierno de España su involucración e intervención en este asunto, de forma que el proyecto que eventualmente se pudiera desarrollar cuente con las debidas garantías ambientales", incidió en alusión al Parlamento Europeo y al Ejecutivo comunitario.
Javier Silveira (Peticionario): "Se ha vulnerado la normativa europea medioambiental"
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En esta línea se pronunció también la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, quien denunció una "omisión deliberada" del principio de precaución y criticó que no se actúe para "despejar las dudas" sobre el impacto que el nuevo proyecto pudiera tener en la Albufera de València.
"Han pasado 14 años, el proyecto ha cambiado sustancialmente, el conocimiento técnico ha evolucionado, la legislación ambiental exige nuevas garantías incluso sobre proyectos previamente evaluados, existe riesgo de mayor afección a la Albufera de Valencia y el escenario climático en el Mediterráneo ha empeorado", insistió la consellera.
Mireia Mollà (Consellera Transición Ecológica": "El puerto quiere evitar a toda costa una DIA haciendo omisión deliberada del principio de prudencia""
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Con ella y con el peticionario coincidieron los diputados de los grupos Verde y de La Izquierda que intervinieron (entre ellos, Ernest Urtasun de Catalunya en Comú y Manu Pineda de IU), mientras que diputados como Pablo Arias (PP) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) se alinearon con el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, en rechazar que sea necesaria una nueva evaluación de impacto.
Martínez defendió que las modificaciones al proyecto "no exigen" una nueva evaluación de impacto ambiental y rechazó que la infraestructura afecte a espacios protegidos de la red Natura 2000, que se incrementen los vertidos a los cauces o generen más residuos. "Todo lo hemos hecho siendo absolutamente respetuosos con todos los temas medioambientales. Siempre hemos actuado en base a informes técnicos y jurídicos y las modificaciones no exigen una nueva DIA", apuntó Martínez.
Aurelio Martínez (APV): "No es necesaria otra DIA para desarrollar el proyecto de ampliación"
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La eurodiputada socialista valenciana, Inmaculada Rodríguez-Piñero, defendió que el proyecto de ampliación servirá para que el puerto de València sea más competitivo y sostenible.
Inmaculada Rodríguez Piñero (PSOE): "El proyecto servirá para que el puerto sea más competitivo y sostenible"
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Pero el portavoz de la Comisión Europea insistió en que no aprecian que se vulnere ninguna directiva medioambiental. La petición, por tanto, ha quedado archivada por parte porque carece de base jurídica para intervenir.
Las instituciones comunitarias recomiendan a aquellos que se sientan perjudicados por este proyecto que presenten sus recursos en los tribunales españoles competentes.
Comisión Europea: "El proyecto no vulnera las directivas europeas"
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