El Gobierno asturiano cierra filas con la consejera de Cultura ante la polémica por la Fundación Selgas

Asturias

El Gobierno del Principado ha mostrado su respaldo a la consejera de Cultura, Berta Piñán, tras anunciar que va a "liderar la exigencia de explicaciones y responsabilidades de toda índole, incluidas las judiciales" a la Fundación Selgas-Fagalde por la venta del cuadro de Goya 'Aníbal Vencedor' a los Amigos del Prado por tres millones de euros.

Su portavoz, Melania Álvarez, ha señalado que los responsables de la fundación "deben dar cuenta de sus decisiones ante la sociedad asturiana" por los términos en los que se llevo a cabo la venta de ese cuadro y la situación en la que se encuentra esta institución, constituida en 1991 y que desde hace años arrastra problemas económicos. "No vamos a tolerar que se ponga en riesgo nuestro patrimonio cultural", ha señalado en rueda de prensa la también consejera de Derechos Sociales y Bienestar al referirse a las actuaciones que está llevando a cabo esta fundación privada, en la que el Principado está representado por la consejera de Cultura, y donde también cuentan con representación el Ayuntamiento de Cudillero, el arzobispado y la Universidad.

Mientras, Ciudadanos ha exigido que el presidente, Adrián Barbón, asuma su responsabilidad política como representante del Principado en la Fundación o "cese de manera inmediata" a la consejera de Cultura, Berta Piñán, por admitir que tuvo conocimiento en mayo de 2020 de que se iba a proceder a desgajamiento de la colección artística de la fundación y seis meses después delegar el voto en el presidente de la entidad. "Durante las comparecencias parlamentarias la consejera ha ocultado esta información y solamente se ha visto forzada a ir rectificando, siempre a rebufo, por la opinión pública y por las informaciones aparecidas en los medios. Así que no es una cuestión de que ahora dé explicaciones, es que no las dio cuando se las pedimos en sede parlamentaria", ha apuntado Armando Fernández Bartolomé.

Fernández Bartolomé ha tildado de "lamentable" el papel de la administración pública asturiana en esta cuestión puesto que "no se trata de un asunto de hace quince días, sino de hace quince años y no ha habido información, ni posicionamiento de los patronos.