El Parlamento abordará la eliminación del veto a trabajadores de fuera de la UE en la administración pública

EH Bildu ha registrado una iniciativa en el Parlamento vasco que insta al Gobierno de Urkullu a impulsar una ley para eliminar el requisito «discriminatorio» de la nacionalidad en la función pública que impide la contratación de trabajadores de fuera de la Unión Europea. «Si la normativa estatal permite acabar con dicha traba a través de una ley autonómica, que se haga» reclama la parlamentaria abertzale, Rebeka Ubera. Entre tanto, pide a Osakidetza que permita acceder a las bolsas a trabajadoras extracomunitarias para su contratación. De esta forma, la coalición abertzale recoge el guante de la denuncia del sindicato ESK, a raíz del caso de los despidos de varias trabajadoras migrantes no comunitarias empleadas en Osakidetza y que ahora se les niega esta posibilidad. «Es verdaderamente asombroso y sobre todo lo que no se entiende es que, hasta ahora, el Gobierno vasco ha mirado hacia otro lado y no ha tenido problemas para contratar a personal extracomunitario que ahora, de repente, no necesitamos, cuando parece que la pandemia va mejorando. Se utiliza a la gente dependiendo de los intereses coyunturales y eso no puede ser» asegura Ubera. La iniciativa de la coalición abertzale recuerda que en Euskadi existe un pacto social por la inmigración en el que «no deberían tener cabida este tipo de discriminaciones». EH Bildu pide además al Ejecutivo que estudie si este tipo de «discriminaciones» se están dando en otros ámbitos de las administración pública, además de en Osakidetza. La disyuntiva de por qué el personal extracomunitario no pueden acceder a la administración pública se aborda en el proyecto de ley de Empleo Público que está tramitando el Parlamento vasco aún en una fase preliminar. Dicha propuesta confirma que hace falta una ley autonómica para eliminar el veto pero curiosamente establece tres supuestos en los que el requisito de la nacionalidad no sería una traba para acceder a pruebas selectivas y que son personal médico y de enfermería, agentes de policía que se requieran por su conocimiento del idioma y la cultura de colectivos inmigrantes y especialistas en sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. En estos tres supuestos, dice el articulo 72 del proyecto de ley que «teniendo en cuenta las necesidades objetivas, se podrá eximir del requisito de la nacionalidad» para su contratación. Eso sí, la norma deja claro que cualquier excepción deberá responder «al interés general» y sobre todo, contar con oportuna habilitación legal de la Cámara autonómica.