Miércoles, 27 de Octubre de 2021

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Las comunidades del noroeste judicializan la protección del lobo: "No permitiremos más avasallamientos"

Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y Léon van a solicitar una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius para exponer el "ataque" del Gobierno español

Las cuatro comunidades autónomas durante la reunión mantenida.

Las cuatro comunidades autónomas durante la reunión mantenida. / Gobierno Cantabria

Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia ya ha presentado los recursos contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Las comunidades del noroeste buscan así que la Audiencia Nacional tumbre la prohibición de cazar cánidos. Además del correspondiente recurso contra la Orden también han pedido medidas cautelares. Las cuatro comunidades afectadas junto a las organizaciones agrarias se han reunido en Cantabria para abordar una propuesta conjunta. Cifran en 10.000 el número de animales muertos cada año por culpa del lobo y han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, diálogo. La propia Ribera reprochaba durante el fin de semana a las comunidades la falta de aportaciones sobre el lobo. Palabras que han sido afeadas por las regiones afectadas recodando que lo han reclamado en varias ocasiones. "Tenemos razones, documentación, fundamentos científicos y una visión global de nuestra responsabiliad en el territorio", ha apuntado el consejero asturiano, Alejandro Calvo.

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Cantabria, desprecio a los ganaderos

"No vamos a permitir más avasallamientos como los que sufrimos". Así de contundente se ha mostrado el consejero de Ganadería de Cantabria. Guillermo Blanco ha apuntado que "desgraciadamente, y porque así lo que ha querido la ministra, parte del Estado tiene que demandar al Gobierno de España ante los tribunales. Nos gustaría pensar que hay un espacio para el diálogo". También ha advertido que  no permitirán que "esa obligación" suponga "despreciar a los ganaderos que tienen su forma de vida amenazada por la expansión del lobo y su aumento de población". Ribera no ha sido el único blanco de sus críticas. Blanco también ha mostrado su "profunda decepción" con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

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Castilla y León, decisión autoritaria

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apuntado que la decisión "se carga" el modelo que durante tantos años ha permitido que en España la especie tenga "las mejores poblaciones de su historia, siendo la envidia de muchos países y algo que la ministra tendría que lucir en vez de tomar este tipo de decisiones". En su opinión, "ataca" la pervivencia con el lobo, vulnera la vigente estrategia nacional sobre la conservación de la especie y acaba por primera vez en la historia de la democracia española con el consenso general que "siempre ha existido" entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas a la hora de gestionar el control y conservación del lobo ibérico.

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Galicia, larga batalla sin remedio

La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha agradecido el trabajo "incansable" de las distintas comunidades autónomas en el último año con el objetivo de cuidar la biodiversidad, así como la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias para reivindicar justicia y coherencia, "porque somos 7 millones de habitantes que representa el 27% del territorio" y respeto, "porque durante muchos años las comunidades han trabajado para que el lobo pueda gozar en estos momentos de buena salud y de un estado favorable". Por ello, ha asegurado que revindican "justicia y coherencia". 

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Movilizaciones organizaciones agrarias

COAG, UPA y Asaja han mostrado su dececpión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera. "Mucha España vaciada, pero las medidas van en contra de la España rural", han lamentado.

Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia albergan el 95% de los lobos ibéricos de España y han anunciado que solicitarán una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle el "ataque" del Gobierno de España a la política europea de flexibilización y "como ha ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya".

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