El abogado municipal demanda al alcalde Jesús Villar por prevaricación en la prórroga de un contrato
Según ha podido saber Radio Alicante, el funcionario municipal ve indicios de delito en la prórroga de un contrato del área de Parques y Jardines, que firmó el alcalde mediante decreto el pasado mes de junio, y que no pasó por Junta de Gobierrno Local
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Jesús Villar, alcalde de San Vicente / Radio Alicante
Alicante
El abogado municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado una demanda contra el alcalde de la localidad, el socialista Jesús Villar, por un presunto delito de prevaricación en la prórroga de un contrato de Parques y Jardines.
Según ha podido saber Radio Alicante, el funcionario municipal ve indicios de delito en la prórroga de un contrato del área de Parques y Jardines, que firmó el alcalde mediante decreto el pasado mes de junio, y que no pasó por Junta de Gobierrno Local.
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Fuentes municipales señalan que esta demanda ha venido motivada como reacción a la apertura de juicio oral contra algunos de los miembros de "los grupos paralelos de Whatsapp" de concejales críticos con el alcalde ya que existe una vinculación directa entre el abogado municipal y uno de los procesados.
El juicio por los "grupos de Whatsapp paralelos" ya tiene fecha
Por otro lado, el próximo 18 de octubre a las 10:00 horas tendrá el lugar en los juzgados de San Vicente del Raspeig el juicio contra algunos miembros de los grupos de Whatsapp paralelos al gobierno municipal por los posibles delitos de infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, además de tráfico de influencias al haber intercambiado información sensible en esos grupos de mensajería instantánea.
Entre otros, están citados a declarar el que fuera portavoz municipal y cabeza visible de los ediles críticos con el alcalde Villar, José Luis Lorenzo, así como los exconcejales José Gadea y Jesús Arenas, además del actual edil de Contratación, Guillermo García, a la exjefa de Prensa, Ana López Tárrega, y la asesora municipal Verónica García.
La investigación arrancó a raíz de una denuncia presentada por un particular contra todos los concejales y militantes que figuraban en los grupos de WhatsApp paralelos en los que presuntamente se intercambiaba información municipal de las juntas de gobierno a terceros que no guardaban relación con el Ayuntamiento.
