Ley de Aportaciones pone fin a 10 años de prórroga sin aval de la oposición
La ley regula el reparto de los ingresos fiscales entre los territorios forales y entre estos y el Gobierno Vasco
Parlamento Vasco / Cadena Ser
Bilbao
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Aportaciones, normativa que estaba prorrogada desde 2012 por las discrepancias de las instituciones sobre la metodología de distribución de recursos económicos, que han quedado zanjadas por las instituciones implicadas y que no cuenta con el aval de la oposición.
La Ley de Aportaciones para el período 2022-2026 regula el reparto de los ingresos fiscales entre los territorios forales y entre estos y el Gobierno Vasco, y ha llegado desde el Ejecutivo autonómico al Parlamento de Vitoria con una fórmula en la que los grupos parlamentarios no han tenido la opción de presentar enmiendas durante su trámite como ocurre con otros proyectos legislativos.
Cuenta con el visto bueno del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), en el que están representados el Gobierno Vasco, las tres diputaciones, y la asociación de municipios Eudel, que el próximo 15 de octubre aplicará la nueva metodología en la reunión en la que se concretan las previsiones económicas de cara a la elaboración de los presupuestos de 2022 de todas las instituciones.
Precisamente antes de que comenzara el pleno el lehendakari, Iñigo Urkullu, los tres diputados generales y el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, han posado para los medios gráficos para visibilizar el acuerdo de la normativa. Sin embargo, la nueva ley no ha contado con el apoyo de la oposición parlamentaria, que ha votado en contra. Ha salido adelante con los votos del PNV y PSE-EE, los dos socios de gobierno en el Ejecutivo vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales vascas, que cuentan con mayoría parlamentaria.
El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha destacado que esta ley cumple adecuadamente con la distribución de los recursos y garantiza a todas las instituciones vascas una situación financiera estable y ha asegurado que dotará de "solidez y mayor certidumbre" a las cuentas públicas "en este momento crucial, con un escenario económico enfocado a la recuperación económica y generación de empleo". Ha reconocido que no satisface plenamente a todas las instituciones pero es "la mejor norma de las posibles".
Todos los grupos de la oposición han criticado que el texto se haya tramitado sin que hayan podido realizar aportaciones vía enmiendas y han lamentado que con la ley no se solucionan las discrepancias en la financiación de las instituciones y los desequilibrios.
Leire Pinedo (EH Bildu) ha denunciado que la ley se haya cerrado "en un despacho de Sabin Etxea" y ha criticado que no soluciona los problemas de distribución de fondos entre instituciones ni garantiza una estabilidad financiera a los ayuntamientos. La misma opinión ha sido compartida por el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, quien ha señalado que se ha perdido una oportunidad para repensar el modelo fiscal vasco que "perpetúa" el desequilibrio presupuestario y "penaliza" a los ayuntamientos.
Luis Gordillo (PP+Cs) ha considerado "opaco" el texto legislativo y sin los suficientes informes que avalen los cambios aplicados, mientras que Amaia Martínez (Vox) ha opinado que la norma confirma las "desigualdades entre provincias" y ahonda en la "sobrefinanciación y centralismo" del Gobierno Vasco. Tanto Itxaso Berrojalbiz (PNV) como Sonia Pérez (PSE) han expresado su respaldo a las modificaciones y han destacado el acuerdo "amplio" con el que se ha conformado la ley.
La nueva normativa mantiene la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales, es decir el dinero que cada territorio aporta a las arcas comunes (16 % Álava, 33,06 % Gipuzkoa y 50,94 % Bizkaia) pero eleva del 1 al 1,45 % el Fondo General de Ajuste, que se activa cuando un territorio no llega al 99 % de lo que debe aportar.
Ese aumento hasta el 1,45 % se debe a que se integra en la ley el fondo extraordinario creado en 2019, que desde entonces ha permitido compensar a Álava y Gipuzkoa. Sí hay un cambio en el coeficiente vertical (la cuantía de la recaudación que va para el Gobierno Vasco) que se incrementa del 70,04 % al 70,81 % fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Gobierno Vasco en los últimos años (I+D+i, prisiones, AP-1 y AP-68 entre otras).
Ese alza del coeficiente refleja también la integración de la cuantía correspondiente al Fondo de Servicios Sociales, que se amplía desde los 20 millones actuales a los 35 millones de euros y en consecuencia la aportación del Gobierno Vasco se incrementa en 10,5 millones de euros hasta los 24,5. También se integran en el coeficiente vertical las políticas de fomento del euskera y la planificación de su normalización en ámbitos que corresponden a la esfera municipal por 900.000 euros. Además el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados se establece en un 39,23 %, frente al 37,6 % actual.
