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Dieciséis crímenes de ETA resueltos en 10 años sin ninguna ayuda de la banda

El 20 de octubre de 2011 un total de 595 etarras estaban en prisión en España, otros 140 en Francia. Diez años después del cese de la violencia y con la política de dispersión en liquidación, la radiografía es bien distinta

El 20 de octubre de 2011 un total de 595 etarras estaban en prisión en España, otros 140 en Francia. Diez años después del cese de la violencia y con la política de dispersión en liquidación, la radiografía es bien distinta / Getty Images

El 20 de octubre de 2011 un total de 595 etarras estaban en prisión en España, otros 140 en Francia. Diez años después del cese de la violencia y con la política de dispersión en liquidación, la radiografía es bien distinta

Bilbao

Hace una década ETA dejó de matar. En 2011 se llegaron a cifrar en 377 sus crímenes sin resolver. Diez años después se ha logrado esclarecer una decena de ellos, dieciséis según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Eso sí, ninguno con la ayuda de miembros de la banda terrorista.

Pese a los casos de arrepentimiento que se han dado en el seno de la organización, "a día de hoy no hay ningún gesto" por parte de miembros de ETA condenados que haya arrojado luz en alguno de esos tres centenares de casos que aún quedan sin respuesta, ha asegurado a Efe la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) Carmen Ladrón de Guevara.

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Y ello pese a que a la confesión no les acarrearía mayor tiempo en prisión, "por no hablar de las prescripciones", incide la letrada, que ha percibido una gran resistencia de los miembros de ETA en delatar al entorno.

Esa nula implicación la corrobora el fiscal Marcelo Azcárraga, coordinador para los crímenes de ETA sin resolver en la Audiencia Nacional, que al ser preguntado por Efe si ha existido colaboración de presos en la resolución de esos casos responde: "Cero".

Una actitud que contrapone con otras organizaciones terroristas como los Grapo o Resistencia Galega, en los que han emergido arrepentidos que han renegado de sus actos y han dado muestras de tratar de repararlos.

Es el caso, dice, del grapo Fernando Silva Sande, que ha contribuido a esclarecer los detalles del secuestro y la muerte del empresario Publio Cordón.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asumiendo el planteamiento de varios recursos de la Fiscalía, según recuerda Azcárraga, ha sido también crítica con lo que ha denominado cartas "genéricas" de arrepentimiento de presos de ETA, que han sido utilizadas con el único fin de obtener beneficios penitenciarios.

Lo que sí observa el fiscal de un tiempo a esta parte entre los miembros de ETA es una mayor tendencia en alcanzar pactos de conformidad con el Ministerio Público.

Eso implica que el acusado, a cambio de una rebaja en la pena, reconoce su participación en los hechos por los que se le acusa, "con todo lo que eso conlleva", enfatiza.

Sorprende aún más que los que se estén acogiendo a esos acuerdos con la Fiscalía sean exdirigentes de ETA como Jurdan Martitegi o Soledad Iparraguirre, Anboto, que en septiembre aceptó ser condenada a quince años de prisión por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.

Lo cierto es que lo hacen cuando estas condenas no les suponen más tiempo en la cárcel, y por eso Azcárraga lo achaca más que al arrepentimiento al cansancio, ya que de esa manera evitan someterse a varios días de juicio.

No obstante, cree que esa circunstancia no resta valor al hecho de que exjefes de la banda terminen confesando su implicación en actos terroristas.

Tirar del hilo

Desde 2011, el fiscal calcula que se han revisado más de la mitad de los casos de ETA sin resolver y estima en una decena los que se han resuelto.

Uno de los últimos frutos de esa incesante investigación, explica, fue el descubrimiento de la presunta participación de la expresa de ETA Itxaso Zaldúa en el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad en 2001.

Un informe de la Guardia Civil aportado en junio de 2020 señalaba la posible vinculación con el entramado Basajaun de ETA de Zaldúa, "cuya integración en la organización criminal era desconocida para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el momento de la comisión de la acción terrorista".

Poco después de presentarse ese informe, y a luz de otros indicios como el reconocimiento fotográfico y la declaración de un testigo protegido, Zaldúa fue detenida en Hernani por orden del juez Santiago Pedraz y ya ha sido procesada por estos hechos.

Todo esto ha sido posible, indica Azcárraga, gracias al esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también en parte a la documentación que Francia entregó a España en 2018 procedente de operaciones contra ETA en su territorio.

"Se trata en muchos casos de documentos que ya se conocían, pero que en ocasiones estaban incompletos o en fotocopias. También de soportes informáticos de los que se logró extraer autocríticas completas de integrantes de la banda terrorista", explica el fiscal.

Unos documentos que analizados "bajo la perspectiva de ahora", sabiendo cómo se organizaban por territorios, cuáles era sus alias, y otros factores, sirven "para tirar del hilo", dice.

Como ejemplo de cómo se desenreda esa madeja, expone una carta mecanografiada en euskera remitida por Anboto a Lur, alias que los investigadores determinaron que correspondía al etarra Sergio Polo y que le fue intervenida en 2006 en su domicilio en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa).

En esa "comunicación orgánica", la exjefa de ETA hablaba de los atentados perpetrados en 1995 contra dos comandantes del Ejército: Juan José Aliste, que resultó gravemente herido, en Salamanca; y Luciano Cortizo, que murió al estallar la bomba lapa que adosaron a su vehículo en León. "Sirvió para resolver dos atentados", destaca el fiscal.

La primera condena a Iparraguirre en España (122 años de cárcel) fue precisamente por ordenar el atentado de Cortizo y su defensa defendió incluso que no existían pruebas que acreditasen que ella era la persona conocida como Anboto, lo que finalmente quedó probado.

Entre los testigos llamados a declarar en el juicio figuraba Ibon Etxezarreta, el etarra arrepentido sobre el que gira la recién estrenada película "Maixabel", de Iciar Bollaín.

A la Fiscalía le interesaba su testimonio porque tras ser detenido confesó que mantuvo una reunión con Anboto en la localidad francesa de Anglet.

Sin embargo, en el juicio manifestó que no recordaba lo que había declarado y que no creía que hubiera estado reunido con la acusada, con lo que en nada contribuyó su testimonio en esclarecer los hechos.

Esta actitud llevó a la AVT a denunciar a través de un vídeo la falta de colaboración de Etxezarreta a pesar de haber manifestado su arrepentimiento y haber pedido perdón por sus actos, entre otros a Maixabel Lasa, viuda del exgobernador de Guipúzcoa Juan María Jáuregui.

El vídeo arrancaba con el siguiente mensaje: "El único síntoma de reinserción y verdadero arrepentimiento es la colaboración con la justicia".

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