Caso Azud: libertad provisional para el constructor Jaime Febrer
La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de València, ha acordado la libertad provisional de Jaime Febrer, que había ingresado en prisión preventiva el pasado 15 de mayo
Valencia
La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de València, ha acordado la libertad provisional del constructor Jaime Febrer, que había ingresado en prisión preventiva el pasado 15 de mayo.
Se decreta la libertad provisional del empresario con la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado como medidas cautelares, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Febrer permanecía en prisión preventiva desde mayo, cuando ingresó al mismo tiempo que Rafael Rubio exsubdelegado del Gobierno en Valencia y Alfonso Grau, junto a otros dos empresarios . El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.
El exsubdelegado del Gobierno en Valencia y ex portavoz municipal socialista, Rafa Rubio, imputado en el caso Azud, salió de la cárcel a mediados de julio tras pasar dos meses en prisión preventiva para evitar una posible destrucción de pruebas por su parte, y a las pocas horas pidió reincorporarse a su puesto como funcionario del Ayuntamiento de València.
El caso Azud lo estudia la titular del Juzgado de Instrucción número 13, quien tramita una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá (PP), José María Corbín.
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En esta causa se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).
En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que permitió llegar hasta el que fue "número dos" en los sucesivos gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido.