Domingo, 05 de Diciembre de 2021

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La fiscalía del Supremo devuelve a Murcia la denuncia del gobierno regional por el Mar Menor

La interpuso este verano tras el episodio de peces muertos y señaló al Ministerio de Medio ambiente pero la fiscalía del Supremo cree que no se ha concretado "si se dirige contra algun aforado"

Teresa Ribera

Teresa Ribera / CONAMA2020

La fiscalía del Supremo reenvió el miercoles por la mañana toda la documentación de la denuncia presentada por el ejecutivo de López Miras al fiscal superior de la Región de Murcia. 

Fuentes conocedoras del caso señalan a la SER que "no se cierra ni se archiva la causa sino que se devuelve a la fiscalía de Murcia porque no se dirige contra una persona concreta, sólo contra el Ministerio que dirige Teresa Ribera". Por tanto "como no se concreta ninguna acusación contra una persona aforada, no son competentes", por lo menos de momento.

La denuncia está ya sobre la mesa, de nuevo, del Fiscal murciano que tiene varias cosas que hacer ahora: primero practicar diligencias para evaluar si la denuncia se dirige contra algun aforado y si encuentra indicios de delito y después tomar una decisión: archivarla, o enviarla de nuevo al Supremo, si se considera que la Ministra Teresa Ribera o algun otro aforado, dentro de la jurisdición del Supremo, tienen que ser investigados.

Por tanto, no se cierra esta vía jurídica iniciada por el gobierno de Murcia, pero se hará esperar su resolución.

El proceso judicial lo inició la dirección General del Mar Menor, dependiente del gobierno de la Región de Murcia este verano: llevó a la fiscalía -en pleno agosto- "una denuncia contra el gobierno de España y el Ministerio de Transición ecológica" -así la presentaron-  tras el último episodio de mortandad de peces en la laguna.

En concreto, acusaba "al Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura" de ser "los causantes de esta situación por inacción" y señalaba que el Gobierno de España también era el responsable "de no retirar fangos de la laguna". 

En esa denuncia, el ejecutivo autonómico acusaba al ministerio de "abandonar al Mar Menor" y permitir que "cada día entren en sus aguas casi 5.900 kilos de nutrientes y 30.000 metros cúbicos de agua dulce".  Pero según fuentes jurídicas, no se mencionaba directamente a la Ministra Teresa Ribera o a otros posibles aforados.

El pasado día 1 de septiembre, el Ministerio Público del Tribunal Supremo abría diligencias. La denuncia se había llevado al Supremo, según fuentes jurídicas, porque, en principio, "los responsables de los organismos y administraciones señalados están aforados", entre ellos se entendía que estaba la ministra de medio ambiente Teresa Ribera.

 Ahora la fiscalía del Supremo ha decidido devolver la denuncia al considerar que, según fuentes jurídicas, "le correspondería iniciar una investigación sobre Ribera y otras personas si la denuncia les atribuyera indicios de delito de forma clara a estos aforados".

Gobierno de Murcia y de España están enfrentados desde hace años en un punto fundamental: de quién son las competencias para frenar el deterioro del Mar menor y recuperarlo.  Este verano, por ejemplo,  la demarcación de costas le señaló por escrito al gobierno de Murcia que "la competencia para limpiar los fangos del Mar menor es municipal"

Tras presentarse esta denuncia, la portavoz del ejecutivo central, Isabel Rodríguez García,  dijo que "lo ocurrido en el Mar Menor es fruto de la inacción del Gobierno de la Región de Murcia, que debe ejercer sus competencias y poner freno a las 8000 hectáreas ilegales de regadío y el uso excesivo de vertidos de nitratos".

Recordó también que hay 800 expedientes sancionadores tramitados por el SEPRONA y la Fiscalía que no ha tramitado el gobierno de la Región de Murcia.

Mientras sigue este proceso, fuentes de la fiscalía aclaran que se van a mantener abiertas las diligencias que abrió la propia Fiscalía murciana por los dos episodios de mortandad de fauna causados por la anoxia; el conocido como caso Topillo, que investiga el uso fraudulento de desalobradoras en el campo de Cartagena y en el que estan imputados decenas de agricultores y empresarios agrícolas; y las diligencias abiertas contra la Consejería de Medio Ambiente a los tribunales por no actuar contra diez empresas agrícolas por sus vertidos al Mar Menor

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