Piden 3 años de cárcel al alcalde de Palacios del Sil por permitir la reforma de las cabañas en las brañas

Ponferrada

La Audiencia Provincial celebrará los días 9 y 10 de noviembre el juicio contra los dos últimos alcaldes de Palacios del Sil y un concejal que permitieron convertir en viviendas las cabañas de las seis brañas del municipio y a los que se les juzga por varios delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. De estos mismos delitos ya no podrá responder ni el exalcalde Orlando López ni el que fuera concejal de obras Raúl Fernández, ambos fallecidos en el último mes.

El actual alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández, y los dos anteriores, Orlando López y Fernando Fernández Astorgano, permitieron esta infracción de las normas urbanísticas municipales que ha derivado en varios delitos por los que el Fiscal pide 3 años de prisión para el actual alcalde, y 3 años y medio cárcel para Fernández Astorgano.

Los hechos que se juzgan se iniciaron en 2001, durante el mandato de Orlando López, que fue el primero que dio 34 licencias para realizar las reformas en las que cabañas, a pesar de que, según el escrito de acusación, sólo están autorizadas para el uso ganadero y no para la construcción de chalets de montaña.

La situación, en contra de las normas urbanísticas, se mantuvo durante el mandato de Fernando Fernández, momento en el que el actual alcalde ejercía de teniente de alcalde. De hecho, ninguno de ellos abrió expediente alguno, en aquel mandato, con lo que se llegó a permitir hasta un centenar de intervenciones de mejoras de habitabilidad en estas cabañas con uso exclusivo para ganadería.

Así lo recoge el Fiscal en el escrito de acusación. De hecho, se mantuvieron varias autorizaciones en junta de gobierno haciendo caso omiso a los informes en contra emitidos por los técnicos y la secretaria municipales. De ahí que en la causa también esté imputado el exconcejal Alipio González para quien se solicitan 3 años de prisión.

Para todos los acusados, el Ministerio Público pide multas que van de los 7.300 euros a los 6.300 por imputado.